El informe se denomina “Violencia contra los LGBTI en América”. Fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El texto detalla los distintos abusos a los que están expuestas las personas diversas, desde las leyes en países que los criminalizan, las formas de maltrato que reciben y los asesinatos cometidos.

Ecuador aparece entre los países que han registrado actos de violencia contra grupos LGBTI. También es, junto con Chile, Nicaragua y Panamá, una de las naciones que desde 1997 despenalizó la homosexualidad a través de reformas legislativas, decisiones judiciales o decretos.

Mabell García, quien es transfemenina, cuenta que es una sobreviviente de la época en la que ser diferente era sinónimo de cárcel. Recuerda que en el gobierno de León Febres-Cordero, el famoso escuadrón de la muerte “perseguía a los trans para aprehenderlos, luego los maltrataban y castigaban”.

“Cuando Nebot era gobernador nos metieron en el Cuartel Modelo, donde los policías nos obligaron a hacer cosas aberrantes. Antes las personas trans no podían andar vestidas como mujeres. Hoy la percepción hacia nosotras es más inclusiva y la violencia que aún existe se ve en menos grado”, asegura García, quien es abogada.

Elizabeth Vásquez también siguió el camino de las leyes y reconoce los avances hacia la población LGBTI en Ecuador, muchos de los cuales no habían hace 5 años. Cita el caso de una transfemenina que fue encontrada muerta en 2011. “Fue un caso con un trato respetuoso por parte del fiscal. Los medios, a pesar de que no había cambiado de nombre, se refirieron a ella con el nombre femenino con el que era conocida. Lamentablemente no se llegó a establecer responsabilidades”.

En Ecuador existen dos tipificaciones penales: el delito de odio y el femicidio, según Vásquez, pero que en la práctica no se aplican. “El aparato judicial muchas veces no funciona debido a la marginalidad en la que están las personas LGBTI.

Para Diana Maldonado, quien se reconoce como lesbiana, hay denuncias de violaciones y asesinatos, “pero la justicia tarda demasiado, salvo que sea mediático, caso contrario pueden pasar meses y no se resuelven. El acceso al derecho no es igual para todos”.

La presidenta de Silueta X, Diane Rodríguez, asegura que los Ministerios del Interior y de Justicia han solucionado el 32% de los casos de violencia presentados. En 2014 hubo 9 asesinatos a LGBTI, la mayoría fue a transexuales femeninas, mientras que de 1990 a 2013 se registraron 82 muertes.

En el informe, la CIDH señala que la violencia, los prejuicios y la discriminación prevalentes en la sociedad en general y al interior de la familia disminuyen las posibilidades de acceder a educación, servicios de salud, albergues seguros y al mercado laboral formal.

Los autores del estudio destacan lo importante de crear políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTI. Con esto concuerda Gustavo León, quien es transmasculino. “Sin duda en el país hay avances, pero en temas de acceso no es igual. No he sido violentado en lo físico, pero sí en cuestiones laborales y familiares. Muchas veces vives la marginación de tu familia por ser diferente”.

En esos aspectos Vásquez considera que sí han mejorado las condiciones en los transfemeninos. Tienen mayores oportunidades desde 2007, con el reconocimiento de escoger el nombre, con el respeto al género se empezó a ocupar otros espacios sociales y a superar la marginalidad. Por ejemplo, en 2008 la primera generación de estudiantes trans incursiona en las aulas universitarias.

“Hay gente que ocupa espacios laborales. No es masivo, pero es visible. Antes las únicas plazas reservadas eran para el trabajo informal y sexual”, asegura. El informe concluye con varias recomendaciones a los Estados, entre ellas diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización hacia los LGBTI y condenar y adoptar una posición pública de rechazo a los actos de violencia y discriminación. (I)