En 1994 se otorgó por primera vez una licencia obligatoria en Ecuador. Se lo hizo con el medicamento Ritonavir, un antirretrovírico usado para el tratamiento del VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El 14 de abril de 2010 se ratificó la decisión.

Las licencias obligatorias constituyen un recurso legal que, dentro de las flexibilidades de la propiedad intelectual previstas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permiten a un gobierno conceder a un tercero el permiso para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado, sin el consentimiento del titular de la patente.

Se lo hace con el objetivo de atender una situación prioritaria, en muchos casos la finalidad es sanitaria, para el país.

¿En qué consiste este tipo de permiso y quiénes lo pueden solicitar?

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) informa que cuando existen casos de interés público, un tipo de competencia desleal o cuando no se ha explotado lo suficiente una tecnología o medicamento es válido solicitar una licencia obligatoria.

El proceso está enmarcado dentro del artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), normativa internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En la actualidad el IEPI tiene 33 solicitudes en trámite, algunas han sido negadas, otras han desistido y 10 han sido emitidas para la producción de medicamentos de uso masivo como fue el caso del Ritonavir para pacientes con VIH.

Estas licencias se emitieron en razón de que, según los datos estatales, en Ecuador existen alrededor de 37 mil pacientes infectados con el virus del VIH y se registran aproximadamente 700 muertes anuales a causa de esta enfermedad.

¿Cuáles son los beneficios inmediatos de las licencias?

Un primer efecto de otorgar licencias obligatorias en el sector salud es abaratar costos en la fabricación de un fármaco, pues se libera la patente y así se pueden producir los genéricos.

Al momento, la producción de medicamentos en el mundo está concentrada en más de 20 corporaciones. Este monopolio provoca una competencia desleal en el mercado, merma la producción de cada país y obliga a los ciudadanos a pagar precios de los fármacos fijados por el mercado y no desde el punto de vista sanitario. De hecho, el 95% de las patentes mundiales corresponden a farmacéuticas.

En Ecuador, por ejemplo, las patentes nacionales alcanzan apenas el 2% frente a las extranjeras que llegan al 98%. Es decir, los laboratorios internacionales tienen las de ganar tomando en cuenta que el mercado de fármacos mueve $ 1.850 millones al año.

Datos del Ministerio de Salud indican que, como resultado de la aplicación de estas licencias, se ha logrado un ahorro, de entre un 30% y un 70% en la compra de estos medicamentos, que son proporcionados por el Estado.

En 2009, con el objetivo de realizar investigación científica y desarrollo de principios activos para la creación de medicamentos genéricos a menor costo, se creó la empresa farmacéutica pública Enfarma.
De las 33 solicitudes de licencias obligatorias en trámite en el IEPI, 9 fueron presentadas por Enfarma y, de las 10 licencias concedidas, 2 fueron emitidas para este laboratorio y las demás para las empresas privadas.

El médico Carlos Erazo comenta que a muchas personas les sucede que, ante una enfermedad, se ven imposibilitadas de adquirir los medicamentos por el elevado costo. Por ello, el ingreso de genéricos al mercado es muy importante una vez vencida la patente, porque disminuye el precio y genera competencia leal y más calidad.

El IEPI hace énfasis en que el otorgamiento de estos permisos no busca expropiar las ideas, medicamentos o tecnologías, sino que está pensado en el bien común de la población.

Con su emisión, se pretende lograr que la industria farmacéutica nacional se fortalezca. Otro mecanismo para apuntalar los laboratorios locales es el Código de la Economía del Conocimiento o Ingenios, que se tramita en el Asamblea.

Este proyecto de ley estipula incentivos para los investigadores locales y sienta bases para que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos más económicos. (I)