El Consejo de Educación Superior (CES), ayer resolvió sancionar al rector de la Universidad Nacional de Loja (UNL), Gustavo Villacís, con una amonestación escrita y la suspensión de funciones de 60 días sin remuneración.

La sanción surge ante el incumplimiento por parte de la autoridad, de una medida urgente emitida por la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la universidad, en la cual se le disponía que se abra matrículas para los cursos de nivelación a estudiantes que se encontraban dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

El Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, prevé como una de las atribuciones de la Comisión Interventora, disponer las correcciones administrativas, financieras, académicas, jurídicas y de gestión que propicien el mejor funcionamiento de la universidad.

Además, menciona que una de las atribuciones del presidente de la Comisión Interventora es emitir medidas urgentes que son decisiones de trámite expedito que involucran actos, políticas o normas de inmediata aplicación y urgentes para el mejoramiento de la universidad intervenida. Durante la séptima sesión extraordinaria del Pleno del CES, los miembros dispusieron la penalidad conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sanciones.

La UNL fue intervenida en junio de 2015 debido a diversas irregularidades y denuncias de los propios estudiantes. En un comunicado, el Pleno de del Consejo de Estado, presidido por René Ramírez (foto), señaló que estará vigilante al cumplimiento de los reglamentos y resoluciones emitidas, con el afán de garantizar los derechos de la comunidad académica y los estudiantes. (I)

La CIFI sería la responsable

El CES no refleja opinión de carta a la Asamblea

El Consejo de Educación Superior (CES) aclaró que la carta remitida por el Presidente de la Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad Nacional de Loja (UNL), Tomás Sánchez, a la Asamblea Nacional, es de exclusiva responsabilidad de él y del miembro jurídico de la CIFI. La misiva solicitaba la destitución de un asambleísta por supuesto tráfico de influencia en la UNL, pero el CES aclaró que esta solicitud no refleja su opinión. (I)