La Comisión Nacional Anticorrupción instauró una denuncia en contra de Galo Salcedo, rector de la Universidad  de Guayaquil, por el delito de usurpación de funciones.

El 21 de agosto la Contraloría  del Estado notificó su destitución por falta de planificación y supervisión y por no controlar la Unidad de Titulación de la Facultad de Jurisprudencia, que en 2016 entregó 28 títulos de forma irregular. Aseguran que el Consejo de Educación Superior (CES)  ratificó la acción.

Pero Rommel Martínez, procurador síndico de la universidad, indicó que lo que hizo el CES fue conocerla y solicitar información de lo que se ha hecho.

Martha Roldós, miembro de la Comisión, explicó que  debido a que Salcedo insiste en mantenerse en el cargo “hemos encontrado que incurre en varios delitos: el de arrogación de funciones y no obedecer órdenes de las autoridades competentes”.

Por su parte Camilo Morán, del Consejo Universitario, dijo que todo lo que firme el rector desde el 21 de agosto es ilegal. “Él está fuera del cargo”.

Añadió que a la vicerrectora de investigación le correspondería asumir el cargo.  

Sin embargo, Xavier Garaicoa, docente principal de Derecho Constitucional en la Facultad de Jurisprudencia, aseguró que la lista que ganó el rectorado y vicerrectorado  “fue fraudulentamente inscrita”. Ayer junto a representantes del bloque de oposición La resistencia universitaria presentaron un informe final de la postintervención de la Universidad de Guayaquil. El documento contiene 150 páginas  que recogen supuestas irregularidades de la Comisión de Intervención.

Garaicoa dijo que la investigación la realizó una Comisión que lideró Carmita Alvarez, vocal de Universidades del CES, y fue dispuesta por el mismo organismo.

Aseguró que el documento detalla que las dos vicerrectoras no reúnen los requisitos que establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el estatuto de la Universidad. “Ellas no cumplían con el requisito: ser profesor universitario por 5 años, de los cuales 3 debían ser en calidad de titular”. (I)