El nombre de Marco Guzmán Baca, presidente de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, fue tema de conversación en los medios de comunicación peruanos, la tarde del viernes 24 de enero. A su cargo reposaba el caso de esterilizaciones forzadas realizadas a 2.000 mujeres campesinas en los períodos de gobierno de Alberto Fujimori.

Guzmán Baca declaró inocente al exmandatario, señalando que el caso carece de pruebas suficientes para demostrar que esas prácticas fueron política de Estado en el régimen de Fujimori. Por tanto, según Guzmán Baca, no constituyen delitos de lesa humanidad.

Las denuncias, que ya habían sido archivadas a mediados de 2010, fueron reabiertas en noviembre de 2012 tras un pedido especial de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Con la reapertura, las denunciantes entregaron una serie de documentos del Ministerio de Salud y de distintas Direcciones de Salud de Perú para concluir que aquellas prácticas estuvieron pensadas desde el poder Ejecutivo, y que tenían metas mensuales y anuales. También se entregaron testimonios de médicos, enfermeras y víctimas.

Las esterilizaciones tienen origen a mediados de la década del 90 como parte del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria que creó Fujimori para reducir la natalidad en las zonas más pobres del país. En ese entonces, peruanas campesinas analfabetas, con más de tres hijos, y con una edad mínima de 30 años fueron sometidas contra su voluntad a procesos de extirpación de sus órganos reproductivos.

Forzadas, una organización creada con motivo de defender a las víctimas, contabiliza unas 300 mil mujeres afectadas, 18 de ellas, muertas al momento de ser intervenidas.

Lo paradójico de la discusión reside en su desplazamiento a espacios secundarios en el ámbito político del vecino país. En la pasada campaña electoral por llegar a la presidencia, por ejemplo Keiko Fujimori, hija del expresidente, tras ser consultada sobre el tema, señaló que se exageraba al creer que a las mujeres se las puede engañar y realizar intervenciones sin su consentimiento. La celeridad en la discusión del caso, su archivamiento y reapertura, los argumentos para dilatar el proceso suman disconformidad en las mujeres que reclaman justicia.

El juez Guzmán Baca, al emitir su sentencia, señaló que solo encontró rastros de delito en cuatro doctores de Cajamarca, acusados por la muerte de Mamerita Mestanza mientras era sometida a un proceso de esterilización. Desestimó las pruebas de las afectadas entre las que contaban documentos del Ministerio de Salud. Según las denunciantes, 200 mil era el total de esterilizaciones a lograr anualmente, una propuesta que vino del propio Fujimori.

Datos del Ministerio de Salud de Perú indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346.219 esterilizaciones femeninas. Del total, algo más de 2.000 personas fueron esterilizadas con engaños y amenazas. Las campesinas de Cusco figuran entre las más perjudicadas, porque hubo allí casi cinco operaciones al día, de acuerdo con estadísticas de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Cusco.

El proceso, que tiene 142 tomos, retrata testimonios como el de Cleofe Huayapa Alegre, una de las enfermeras encargadas de captar campesinas para las operaciones. Lo hacía con el fin de completar el número de esterilizaciones requerido mensualmente. También se sometió a la esterilización, con la esperanza de no perder su plaza de trabajo.

Ocho días después de la sentencia emitida, Sigfrido Florian, abogado de las afectadas, presentó ante el Ministerio Público el recurso de queja por la decisión del fiscal. Él no considera justo que el principal implicado, Alberto Fujimori, sea “limpiado por la justicia frente a las miles de afectadas por sus políticas de salud”.

Las víctimas han apelado recientemente a la capacidad mediadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su relatoría de Mujeres en el Perú, con el objetivo de reabrir el caso.