Con $ 350 millones de crédito que se espera del Banco Mundial (BM), Ecuador tiene como meta la reducción de la extrema pobreza de 8,4% al 3,7%, gracias a la ampliación del programa de protección social.

En un conversatorio con medios de comunicación, el viceministro de Inclusión Económica y Social, Marco Cazco, explicó que el objetivo de esta iniciativa es mejorar la equidad, la integridad y sostenibilidad de los programas relacionados con la seguridad social de las personas y hogares menos favorecidos.

Lo que el régimen persigue es ampliar la cobertura de los más pobres, minimizando los errores de inclusión y exclusión, en base al registro social.

“Hay personas que estando en condiciones de pobreza y extrema pobreza no reciben aún trasferencias monetarias. Son unas 200 mil las familias fuera del registro social que, luego de su actualización, esperamos que ingresen”, manifestó el funcionario.

Por otro lado, Cazco señaló que se espera ampliar la base de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), así como de las pensiones por discapacidad y otras transferencias monetarias que realiza el Gobierno.

“Al momento tenemos 916 mil beneficiarios de bonos, transferencias y pensiones, pero esperamos que esa cifra llegue a más 1 millón en 2022”, señaló.

Para poder implementar todo este programa es fundamental la actualización del registro social.

Un sector que el Estado atenderá con mayor premura es al rural, donde la extrema pobreza es de alrededor del 17%.

Por ello, el MIES se encuentra realizando los estudios para analizar la factibilidad de crear un bono enfocado en este sector.

Está planificado que el BM entregue a Ecuador hasta 2023 $ 350 millones en cinco desembolsos, los cuales estarán condicionados a los resultados del gobierno ecuatoriano.

Es decir que, de acuerdo a los compromisos adquiridos, $ 61 millones se desembolsarán siempre y cuando Ecuador tenga hasta diciembre de este año actualizado su registro social.

Este componente implica además un fortalecimiento en el sistema que gestiona las bases de datos.

El siguiente desembolso, de $ 137,6 millones, será en función de la mejora en la integración de los programas sociales. Cazco explicó que será necesario conocer con exactitud todos los servicios que las familias beneficiarias están recibiendo del Estado a nivel de salud, educación, derechos.

Un monto de $ 129,3 millones servirá para mejorar la sostenibilidad de los programas. Estos recursos permitirán fondear a la banca pública para la entrega de créditos a aquellas familias o beneficiarios que están saliendo de las bases de datos de ayudas sociales, gracias al mejoramiento de su situación económica.

Este componente requiere un acompañamiento para que estos beneficiarios no queden desprotegidos. (I)