José Rodríguez se salvó de morir el año pasado, cuando regresaba de pescar y fue asaltado por piratas que lo despojaron del motor de su lancha y de lo que había pescado. Fruto de los golpes recibidos tuvo que someterse a una cirugía y en la actualidad está todavía en recuperación, no ha podido volver a trabajar desde aquel aciago día de junio de 2016.

“Los delincuentes nos encañonaron y se nos pararon encima. Uno decía que nos mataran y el otro le respondió que no, que habían ido a robar y no a matar a nadie”, recuerda José, quien vive en la provincia de Santa Elena. Pero aunque no lo asesinaron, lo dejaron temporalmente incapacitado para pescar y poder llevarle el sustento a su familia.

Casos como este son comunes entre los pescadores, quienes a diario arriesgan su vida pues, además de lo impredecible del mar, están expuestos a la delincuencia. José estuvo presente la tarde del jueves en la marcha convocada por el colectivo Pacífico Libre en el centro de Guayaquil.

El hombre unió su voz a la de miembros de 14 organizaciones ambientalistas y animalistas para exigir, entre otros puntos, reforzar la protección de las especies marinas en peligro para impedir la pesca ilegal, combatir la práctica del aleteo y brindar mayor seguridad para quienes se dedican a la pesca artesanal de forma legal.

Cecilia Torres, representante de Pacífico Libre, explicó que el grupo se creó a raíz de lo ocurrido en Galápagos con la embarcación china descubierta con 300 toneladas de especies protegidas. La activista comentó que “hay ciertas partes de la ley que no han sido cumplidas a totalidad porque no se hizo una evaluación de capacidad interinstitucional para que en los puertos puedan tener software o sistemas para controlar la pesca ilegal. El tema no es solo en Galápagos”.

Según Torres, en los últimos 10 años se han producido múltiples casos que involucran a barcos de diferentes países. “Si en 10 años de ley no hemos llegado a nada concreto, quiere decir que hay algo en la ley que no está funcionando”.

Entre los pedidos del colectivo está que se ratifique la participación de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “También pedimos la revisión inmediata de los decretos 486 y 902, los cuales han abierto un vacío legal y han fomentado la justificación de la pesca ilegal de especies marinas en peligro”.

Además se solicita la revisión y el cumplimiento del Acuerdo CMAR, “que tiene por finalidad velar el cuidado del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, iniciativa regional de conservación y uso sostenible, que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros de 4 países: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. No se está haciendo respetar este acuerdo”, explicó la activista.

Proyecto de turismo sostenible

Torres, quien también es directora de la organización ‘Mingas por el mar’, señaló que otro objetivo del Colectivo es la creación de un observatorio ciudadano junto con el colectivo de pescadores artesanales. “Buscamos que ellos sean los veedores y controlen lo que hay en el mar. Los vamos a capacitar en leyes, educación ambiental. El próximo mes firmaremos la alianza con ellos. Seguiremos trabajando como organizaciones independientes, ya que somos 14 grupos”.

Entre los proyectos está incorporar modelos de turismo sostenible en las comunas para que haya una actividad alterna a la pesca. “La cuota de pescado ha disminuido, cada vez hay menos peces y los pescadores están muy preocupados. No tienen de parte del Gobierno un seguro, quieren que se los capacite pero no son tomados en cuenta”.

Pacífico Libre solicita además que se le den más recursos a la Armada Nacional y que se permita el ingreso al país de grupos ambientalistas como Sea Shepherd, que tras lo ocurrido con el barco chino han ofrecido su actuación para proteger el espacio marítimo de Galápagos.

Por tal motivo, el gremio hace un llamado al presidente de la República, Lenín Moreno, para formar parte del diálogo nacional.

Por su parte, Joffre Rivas, representante de los pescadores artesanales del puerto de Santa Rosa de Salinas, dijo que ellos no están de acuerdo con la reducción que propone el Gobierno, de 8 a 6 millas para la pesca artesanal. Y también solicitan más resguardo para contrarrestar los actos delictivos.
“La delincuencia en el mar ha aumentado considerablemente. En la península de Santa Elena sentimos bastante estas falencias, matan pescadores, hay desaparecidos, hay robo de motores. Necesitamos seguridad”, aseguró el trabajador del mar. (I)