La Asociación de Centros de Recuperación Privados de la Provincia del Guayas (Acrapg), que trata a personas con adicciones, pide a las autoridades nacionales de salud pública una mayor flexibilidad en los requisitos exigidos para funcionar.

Los miembros del gremio, que lo integran 20 clínicas, expusieron que las entidades terminarían cerrando con las disposiciones vigentes para obtener el licenciamiento (permiso).

Xavier Triviño, propietario del centro El Alfarero (Guayaquil), expresó que, para cumplir las normas, necesitaría contratar al menos a 15 personas más, pero no tiene los recursos económicos para solventar sus salarios.

“Actualmente los centros cobran de $ 400 a $ 500 a los pacientes que están internados, pero si invertimos en más infraestructura, esos valores pasarían de $ 800 a $ 1.000. Los usuarios no tienen suficiente dinero”.

La directora del colectivo, Jenny Díaz, expresó que algunos han invertido de $ 50.000 a 90.000 en las adecuaciones, pero no todos tienen esa posibilidad de gasto. “Creemos que es buena la exigencia de las autoridades, para evitar espacios clandestinos; sin embargo, sería bueno que se reduzcan las exigencias. Por ejemplo, lo ideal sería que se requiera menos personal de planta”.

José Carpio, propietario de la clínica La Verdad (ubicada en Lomas de Sargentillo), manifestó que invirtió $ 55.000 en efectuar las reparaciones necesarias.

A pesar de eso, tendrá que cerrar sus puertas, pues con lo cobrado actualmente, que es de $ 300 a $ 500, no se puede pagar a los nuevos profesionales enrolados.

El colectivo de Guayas cuantificó que solo dos, de sus 20 agremiados, cuentan con el licenciamiento. El resto están en proceso de obtenerlo, coincidieron.

Jenny Díaz denunció que ha recibido amenazas por comentar que se debe controlar a los centros que operan en la clandestinidad, pero manifestó que aquellos que están en el proceso de regularización merecen otro trato. “Necesitamos diálogos y acercamientos”. (I)