En el intento de llevar a cabo las alianzas matrimoniales que deseaban  los  transgéneros Diane Rodríguez y Fernando Machado, en Venezuela, una notificación por parte de la Oficina Nacional de Registros Civiles sobre un requisito que no se entregó habría sido el motivo por el cual no se realizó el casamiento para la fecha prevista.

El documento solicitado era el que debía determinar con "pruebas fehacientes de que es soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer matrimonio", según lo señalado por la ley del Código Civil de dicho país, en el artículo 108.

La reconocida activista trans declaró al diario El Nacional que sí realizó dicho trámite en Ecuador, aprobado por las autoridades correspondientes. Sin embargo, ella recibió una negativa desde Caracas porque el certificado, además de las pruebas enviadas, debía incluir la frase "hábil para contraer matrimonio".

Los documentos fueron pedidos el 2 de marzo y sobre la picada, la activista envió los papeles pues la fecha de su matrimonio con Machado estaba prevista para el 4 de marzo y su regreso para el 5 de este mes.

La negativa por parte de la entidad venezolana le permite resolver que estaba "siendo víctima de una estrategia de desgaste", por lo que decide montar una demanda ante el Consulado de Ecuador donde incluyó un informe médico de su pareja, quien se encuentra en estado de gestación, y a quien el estrés puso en peligro su estado de salud y la del bebé.

De acuerdo a datos del diario La Nación, la Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral del país vecino, Sandra Oblitas, lamentó los daños causados a la pareja y recomendó casarla, previa verificación de que eran dos personas de distinto sexo.

Concordó con esta declaración la diputada Tamara Adrián, suplente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien manifestó que "Independientemente de que, al final, estos dos jóvenes trans hayan logrado o no casarse en Venezuela, la transfobia se ejerció y causó daños”.

La funcionaria advirtió que la registradora Dayana Rodulfo y el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Wilman Ramírez, podrían ser sancionados por violar los derechos humanos de la pareja, amparados por estándares internacionales de protección.

La sanción para estos empleados estatales podrían ser de multas entre 20 a 70 unidades tributarias, establecidas en el artículo 157 de la Ley Orgánica de Registro Civil, siendo la primera de ellas “la negativa, sin justificación alguna, a inscribir actos o hechos del estado civil susceptibles de registro”.

El próximo miércoles, la diputada Adrián anunció una reunión con la Comisión de Política Interior para presentar un proyecto de acuerdo para institucionalizar en Venezuela el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

“Aunque parezca un avance menor, se exhorta a todas las instancias del poder público a impedir la transfobia institucional, como la aplicada contra Fernando y Diane”, afirmó la funcionaria para el medio venezolano. (I)

FUENTE: Tomado de diario El Nacional de Venezuela