Daniela Rodríguez no quiere contestar el teléfono celular, pues diariamente la llaman para cobrarle un valor vencido, de dos meses, de su tarjeta de crédito.  

La última vez que atendió al cobrador le contó que se había quedado sin empleo, pero que pagaría intereses cuando tuviera el monto.

Sin embargo, la práctica de contactarla días se mantuvo,  lo que la estresó.

De su lado, María Suárez se enoja cuando la llaman insistentemente a ofrecerle  servicios que no ha pedido. Agencias de viaje, complejos turísticos y más.

Ella responde a los expendedores que no ha pedido nada y que dejen de llamarla, pues en ocasiones ya ha rechazado esas ofertas. “Pero no cesan”, se quejó.

Ese tipo de malestar se ha vuelto común en el país. Esto ocurre a pesar de que se violan derechos.

El abogado Marco Pacheco, de la Defensoría del Pueblo, explicó que en el caso de las compañías que expenden algún servicio o producto de forma recurrente habría que preguntarles de dónde sacaron el número personal y de qué base de datos.

“Se estaría violando el derecho a la reserva de los datos”, precisó el funcionario, quien hasta hace pocos días estuvo encargado de la zona 8 de la institución.

La Constitución, en su artículo 66, numeral 11, reza: “En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o la de terceros...”.

“Sugiero a las personas que graben las conversaciones para que tengan evidencias de los excesos”, indicó.

Otra situación que se registra es el llamado del acreedor al lugar del trabajo o a familiares. Al respecto, la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 19, indica: “En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación (...)”.

Manuel F., un deudor, contó que en alguna ocasión llamaron hasta a su mamá por un ligero desfinanciamiento en pagos”.

 Mario Cuvi, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec, aclaró que hacer una llamada es legítimo, pero el problema está en cómo se lo hace: horas y en los lugares.

“Entiendo la necesidad de las empresas por cobrar, pero deben respetar los derechos”.

Para él, uno de los mejores castigos que pueden hacer los usuarios con esas tarjetas es ya no usarlas.

“Crear más controles genera formas de evadirlos”.

Los usuarios, de acuerdo con el decano, pueden denunciar las irregularidades con el defensor del cliente del banco (si proviene de una entidad financiera), a la Superintendencia de Bancos o a la Defensoría del Pueblo (casos del consumidor).

“También se pueden impulsar juicios civiles contra la empresa que violenta los derechos a la honra y contra la que se lucra con el nombre de los demás”. (I)