La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) fue aprobada en marzo de 2011. Lleva 4 años en vigencia, y en abril del año pasado fue sometida -por primera vez- a una evaluación de su aplicación.

De hecho, en 9 zonas del Ecuador se realizaron talleres con la sociedad civil, docentes, estudiantes y académicos para evaluar varios puntos y plantear algunas reformas.

Estos cambios fueron socializados al interior de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Y el pasado martes se aprobó con 8 votos a favor y 2 abstenciones el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la LOEI.

EL TELÉGRAFO conoció más a fondo 4 de las 12 reformas importantes que fortalecerán la carrera docente hasta 2020 y, por ende, mejorarán la calidad educativa.

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Categorización de docentes

En el sistema de educación hay aproximadamente 12 mil profesores de 146 mil que no tienen título en Ciencias de la Educación. Tienen título de tercer nivel pero son sociólogos, arquitectos o ingenieros que dictan cátedra de matemáticas, física o ciencias sociales.

Al no poseer un título en Ciencias de la Educación, la ley en vigencia los ubica en categoría I en la que están los bachilleres. Ellos perciben un sueldo promedio de $ 480.

Ahora con la reforma que se plantea, estos docentes subirán prácticamente a la categoría G con un salario de $ 810. Así lo explica Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea.

“Era injusto que un docente que tenga un título de tercer nivel estuviera en esa categoría (...) Con la reforma además tendrá la posibilidad de hacer una maestría de cuarto nivel en educación durante 2 años. También  tendrá el derecho a ascender a las categorías necesarias hasta llegar a la A”, detalló.

El título de tercer nivel será obligatorio

Una nueva transitoria de la LOEI detalla que al 2020 no se incorporarán más bachilleres al sector educativo. Es decir que  los profesores que actualmente son bachilleres tendrán 5 años para profesionalizarse y obtener su título de tercer nivel. La medida aplicaría a quienes estén en funciones y también en el banco de elegibles. Si no logran profesionalizarse serán cesados.

Segundo Viveros, coordinador de la zona 9 de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, no precisó el número exacto de bachilleres que hay en el país, pero explicó que la mayoría de ellos se encuentran en establecimientos en zonas rurales de difícil acceso.

La demanda de estudiantes, a su criterio, también ha aumentado de manera significativa la necesidad de contratar nueva planta docente y optar incluso por aquellos que son bachilleres. “La reforma que se está haciendo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural también incluye el compromiso del Ministerio de Educación de dictar cursos de inducción a los bachilleres. Esto se planificará en un futuro próximo para que los compañeros acudan a esos cursos y en un año obtengan su título”, apuntó el dirigente.   

Distribución de la carga horaria en los planteles

Una reforma trascendental en la LOEI tiene que ver con las horas que un profesor dedica a la jornada educativa.

Actualmente, los profesores deben permanecer en el establecimiento 8 horas. Con la aprobación de las reformas se cambian a 6 horas y las 2 restantes los maestros podrán utilizarlas para atender a los padres de familia, guiar a los alumnos en un tema de interés, corregir exámenes, preparar la cátedra o realizar investigaciones dentro o fuera del establecimiento.

Segundo Viveros expresó que esta propuesta ya se está aplicando en la Sierra y en la Costagracias a la transitoria 31 del Reglamento que ya establecía la medida. Con la reforma dijo que se logró institucionalizarla. Si bien reconoce que las autoridades  y el  ministro de Educación, Augusto Espinosa, han escuchado sus necesidades, cree aún necesario trabajar por consolidar la educación intercultural.

Acortar procesos burocráticos

En la solución de conflictos también hay cambios. Por ejemplo la LOEI de 2011 planteaba que los sumarios administrativos debían tramitarse primero en la Dirección Provincial, de ahí a la Dirección Zonal y se apelaba al Ministro de Educación. Esto tomaba un tiempo considerable para dictar la sentencia.

Ahora, la reforma propone procesos más ágiles. Un sumario administrativo comenzará en la Dirección Distrital y la Dirección Zonal será la última instancia para resolver el caso entre 90 y 180 días.

Si el docente no está de acuerdo podrá acogerse al régimen jurídico del Ejecutivo y apelar al Contencioso Administrativo. Esto queda a juicio del afectado. (I)