El hallazgo del cuerpo mutilado de Érika A., el 17 de enero, dentro de sacos de yute y bolsas negras de basura, en el sector de Huapante, en Píllaro, provincia de Tungurahua, fue el tercer femicidio de este año, pero el de mayor conmoción -hasta entonces- por la crueldad del crimen.

La mujer de 32 años, madre de 3 hijos, solicitó en varias ocasiones boletas de auxilio por el maltrato que recibía, antes y después de separarse de su compañero sentimental, Edwin S.

La noche de su asesinato (13 de enero), ante la insistencia y las promesas de cambio de Edwin, la joven madre aceptó salir a un centro de diversión nocturna de Latacunga. Desde entonces no regresó a casa a ver a sus hijos. Su familia denunció la desaparición y 4 días después su cuerpo fue encontrado por agricultores en una quebrada de Huapante. En lo que va de 2016 se han producido 12 casos de femicidio en el país, entre los que se incluye el doble crimen en Montañita de las argentinas María José Coni y Marina Menegazzo, ocurrido el 22 de febrero.

El primer caso del año fue también un doble crimen en Babahoyo, Los Ríos, donde un hombre de 28 años, luego de una discusión, mató a disparos a su esposa Liliana N.C. y a su suegra Norma C.

La cifra de femicidios registrada hasta el momento puso en alerta a las autoridades de Policía y de Seguridad. El ministro del Interior, José Serrano, lamentó los actos violentos ocurridos en febrero. “Hemos tenido un descenso consecutivo en el número de asesinatos de mujeres desde 2013 hasta 2015, por eso nos preocupan estos crímenes ocurridos en los primeros meses del año”, destacó Serrano.

El funcionario aclaró que los hechos de los últimos 15 días en la provincia de Santa Elena corresponden a violencia social, no a delincuencia común, pues los crímenes se dieron dentro de domicilios, donde el patrullaje preventivo no podía hacer nada.

Esas declaraciones las hizo a propósito de que el fin de semana pasado en esa provincia, en la parroquia Anconcito, del cantón Salinas, fue victimada una joven de 21 años, supuestamente por su conviviente.

El último caso de violencia contra la mujer se registró en el norte de Quito, el lunes pasado. Dentro de su apartamento fue encontrada Elizabeth E., de 21 años, con muestras de haber sido apuñalada. El sospechoso de su muerte es un joven amigo de la víctima, quien además se le llevó su teléfono celular.

El esfuerzo de las autoridades se enfoca en frenar el aumento de asesinatos de mujeres y que no se altere la tendencia a la baja que experimenta el país.

En 2015 se registraron 65 casos de femicidio a nivel nacional. En 2014 hubo 97 casos; mientras que en 2013 se registraron 110 muertes violentas de mujeres, lo que implica una reducción sostenida de este delito. Entre 2013 y 2015 hubo 45 muertes menos.

El coronel Víctor Aráuz, director de la Dinased, indicó que los casos de muertes violentas son abordados individualmente con investigadores para cada caso. “Ninguno se cierra hasta que determinemos las causas y los culpables sean detenidos”.

Aráuz informó que el año pasado, de los 65 casos de femicidio, se resolvieron 50, es decir en el 73% de los crímenes los peritos descubrieron los móviles del asesinato y los culpables fueron llevados a la justicia. Los otros 15 siguen en investigación.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, precisó que en la actualidad se aplican nuevos protocolos en la indagación de los crímenes de género. “El femicidio está directamente relacionado con la violencia basada en la condición de la mujer, por tanto debe investigarse especializadamente y tratarse como un problema de derechos humanos”, insistió.

El femicidio es un delito incorporado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 141 define lo que la justicia considera femicidio. Los agravantes (que incrementan los años de cárcel) están contemplados en el artículo 142. Incluyen la pretensión de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima: la existencia entre el sujeto activo y la víctima de relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima, o el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en un lugar público, el causante recibirá el máximo de la pena que contempla la normativa, que es de 26 años de prisión. (I)

El miedo a perder el poder los empuja a matar a sus parejas

La violencia contra la mujer está marcada por el miedo a perder el poder en una relación, explica el doctor Segundo Romero, quien labora como médico legista de la Policía.

Considera que, por lo general, los victimarios son personas muy agresivas y vienen de hogares disfuncionales, donde uno de los padres estuvo ausente o hubo problemas entre ellos.

En su experiencia como sicólogo forense, Romero ha notado que las relaciones que terminan con crímenes han sido llevadas con exagerada agresividad. “Hombres que buscan devaluar a la mujer para controlar la relación”.

Hay casos incomprendidos, cuando la mujer pese a tener órdenes de auxilio, regresa con el denunciado. Romero aclara que  eso sucede porque la violencia con la que el hombre lleva la relación deja a esa mujer con la autoestima disminuida. (I)