Cuando Diego Villacrés y Diana Freire salen a almorzar la gente no puede dejar de mirarlos. Él es invidente y ella lleva 28 años en una silla de ruedas.

Ambos trabajan en la oficina técnica territorial del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) en Ambato. Diego y Diana decidieron complementar sus habilidades para sortear diversas barreras arquitectónicas y sociales que han vuelto difícil su desplazamiento por la capital tungurahuense en la que viven más de 180 mil personas y cuyas calles soportan el trajín diario de alrededor de 40 mil vehículos.

Diego empuja la silla de Diana, mientras ella le da fugaces instrucciones para esquivar baches, bancas, postes, árboles, letreros, hidrantes, jardineras, tanques de gas, ecotachos, cocinetas, veredas estrechas, comerciantes informales y rampas mal construidas.

Estos inconvenientes también los enfrentan 7.555 personas con algún tipo de discapacidad en Ambato, según el Conadis, y 12.440 en los 9 cantones de Tungurahua.

Diana reside en la parroquia Huachi Grande. Cada mañana antes de las 08:00 debe trasladarse al otro lado de la ciudad para no llegar tarde a su oficina.

Por lo menos una vez al día utiliza un taxi, cuyo conductor debe tener la paciencia para ayudarle a subir al asiento posterior y guardar su silla plegable en la cajuela. “No es fácil aunque en nuestra ciudad todavía hay solidaridad. A veces me encuentro con personas impacientes que no me comprenden. Pero no me doy por vencida en la búsqueda de mi independencia”, asegura Diana con una firmeza que no encaja con su cuerpo frágil y menudo, casi como el de una niña de 6 años.

La complicada accesibilidad para estas personas se acentúa en determinados sectores. Uno de ellos es el denominado ‘bulevar’ ambateño conformado por 20 cuadras a lo largo de la calle Bolívar desde la Francisco Flor en dirección al Cementerio Municipal.

“Los bolardos, las bancas metálicas situadas en algunos tramos casi en media acera, los adoquines flojos y los postes de luz, entre otros, ponen en riesgo la integridad física no solo de los invidentes y de las personas en sillas de ruedas.

También de la gente de la tercera edad, de las mujeres embarazadas o de madres con coches de bebés y de aquellos con lesiones pasajeras por accidentes”, afirma Diego.

En la zona en cuestión abundan los bolardos que son postes pequeños anclados al piso para evitar que los carros se estacionen en zonas peatonales. 174 bolardos circundan el parque Cevallos. Están situados entre sí a una distancia de casi 2 metros. Las esquinas del parque facilitan el ingreso en silla de ruedas, pero continuamente en el día los automóviles bloquean el paso.

Algo similar ocurre en el parque Montalvo y por la calle Bolívar el escenario se complica más. La instalación de bolardos en la Bolívar atraviesa calles transversales como la Quito, Guayaquil, Castillo, Mera, Martínez, Mariano Égüez, Espejo, Eloy Alfaro, Tomás Sevilla, Fernández, Maldonado, Manuela Cañizares, Ayllón, Vargas Torres, 5 de Junio y otras.

“Por supuesto que hay rampas, pero la mayoría fueron construidas sin las normas técnicas INEN. Por eso muchas de estas son empinadas, estrechas o les falta mantenimiento.

Me gustaría que solo una vez las autoridades y la gente en general se taparan los ojos o se sentaran en una silla de ruedas para que se desplacen por la ciudad. Solo así podrían entendernos y hacer lo que realmente necesitamos”, dice Isabel Escobar, presidenta de la Asociación de Pléjicos de Tungurahua (Asoplejicat) que asocia a 150 personas con discapacidad física y funciona desde 1990.   

Las quejas empiezan a dar resultados. La actual ordenanza de discapacidades es sometida a una revisión a cargo de la concejala María Fernanda Naranjo. “La vamos a actualizar, ampliar y modificar. Mejoraremos los accesos a edificios públicos y privados y buscaremos talleres, becas y su visibilización”. (I)