Transportistas públicos de Cuenca, en este caso taxistas, anuncian una marcha pacífica para el 21 de este mes. Según su dirigente, Bolívar Sucozhañay, se han agotado los diálogos con las autoridades municipales para solucionar diferentes problemas dentro de la movilidad.

Son siete puntos los que pedirán que sean analizados por la Alcaldía y también por la Empresa de Movilidad (EMOV) de esta ciudad.

Sucozhañay, presidente de la Unión de Taxistas del Azuay, que agrupa a 65 cooperativas, indicó que el tema de la informalidad no ha sido controlado por parte de las autoridades Municipales. “Hemos solicitado reiteradamente que se haga un control, pero no hay respuesta”, indicó el dirigente, tras señalar que existen camionetas provenientes de la provincia del Guayas y de Cañar que llegan a trabajar en esta ciudad, sin ningún tipo de control. “Se había entregado el permiso para 550 camionetas para que laboren en el sector rural, pero no se hace caso a las disposiciones”, señaló el dirigente.

Otro de los pedidos en la marcha de la próxima semana será que las obras del tranvía finalicen. “No podemos trabajar en algunos sectores de la ciudad porque las obras están paralizadas y no nos permiten movilizarnos de la forma como piden los usuarios”, manifestó el dirigente.

La inseguridad es otro de los temas que no faltarán en este pedido de los transportistas. Ellos indican que en las noches no pueden laborar con facilidad y tranquilidad, debido al incremento de la delincuencia en la ciudad.

De otra parte, los taxistas de Cuenca no están conformes con las tarifas actuales. “Peor en caso de que nos obliguen a comprar unidades eléctricas que están valoradas en $ 35 mil”, manifestó el dirigente. Por esa razón, piden tener vehículos más baratos. (I)

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Ordenanza abre regularización de 8.693 taxis

El Concejo capitalino aprobó ayer la ordenanza que abre la puerta a la regularización de 8.693 nuevos taxis. Durante el debate, los concejales acentuaron la necesidad de establecer controles efectivos que garanticen la calidad del servicio.

La normativa establece un período de 15 años para que se vuelvan a realizar estudios que determinen si es necesaria la incorporación de nuevos vehículos al sistema de autos de alquiler. (I)