“Otra obra pública contratada por ETAPA presenta una evidente vinculación directa familiar entre quien contrata y el proveedor”, informó el subdirector nacional del Servicio de Contratación Pública (Sercop), Juan Pablo Bermeo, quien esta semana visitará la ciudad.

Se trata, según el funcionario, de un proceso por más de un millón de dólares, en el que se presume favoritismos para la entrega de un contrato de provisión a un familiar directo de un funcionario de la empresa pública.

La indagación no tiene relación con el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía del Azuay en torno a la contratación de la ampliación de la planta de agua potable de Tixán por cerca de $ 10 millones, el cual se encuentra en etapa de indagación previa, aclaró el subdirector del Sercop.

La Fiscalía Provincial del Azuay informó que se encuentra investigando este nuevo caso y se guarda las reservas debidas mientras duren las indagaciones correspondientes. La denuncia fue aceptada el 17 de julio de acuerdo con la página web de la institución.

Apertura

El gerente general de ETAPA, Boris Piedra, señaló que los procesos de la Fiscalía en torno a la empresa municipal son “más bien de índole personal contra algunos funcionarios y exfuncionarios”.

Recalcó que ETAPA no es un actor directo en los procesos; pero, pese a ello, han entregado toda la información requerida y espera una resolución legal para tomar decisiones sobre la continuidad de los contratos y funcionarios investigados por la Fiscalía.

Denuncia

El subdirector nacional del Sercop indicó que la nueva denuncia se refiere a una “potencial vinculación familiar entre un proveedor y un funcionario de ETAPA a cargo del procedimiento, quien estableció las necesidades de ciertas contrataciones”.

“Es otro proceso de contratación, otra obra pública contratada por ETAPA. Se han presentado los respectivos informes a la Fiscalía y hemos solicitado algunas diligencias necesarias para que la Fiscalía tenga sus argumentos y podamos motivar más fuertemente nuestra acusación”, añadió.

“Es nuevamente una ilegalidad. El proveedor no podía participar y, a nuestro parecer, evidentemente se configura un tráfico de influencias”, sostuvo el funcionario.

Investigación

El subdirector nacional del Servicio de Contratación Pública detalló que el caso fue detectado con base en un sistema de control basado en la gestión masiva de datos, detección de alertas tempranas y malas prácticas de contratación, proceso que es automatizado, por lo que no hay lugar a direccionamientos contra ETAPA.

Explicó que el sistema analiza la ejecución presupuestaria a nivel zonal, los procesos y los hallazgos históricos de malas prácticas, “lo que permite supervisar de oficio posibles irregularidades”.

El sistema está enlazado además a las bases de datos de la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Servicio de Rentas Internas y el sistema de Datos Públicos, por lo que detecta vinculaciones entre oferentes y funcionarios de forma certera. (I)