Los productores de licores están de acuerdo con una ordenanza para que se regule la venta de estas bebidas en Cuenca.

Consideran que se deben realizar algunos ajustes al proyecto planteado por el Municipio. Jorge Tálbot, representante de la Asociación de Licoreros del Azuay, afirmó que en la propuesta del Cabildo existe una disposición para prohibir  la exhibición de estos productos en los puntos de venta.

A su criterio, eso no dará resultados en la capital azuaya. “Según las experiencias observadas en otras ciudades, donde se ha intentado hacer algo parecido, esto no funciona, solo ocasiona que se multiplique el contrabando”, afirmó.

Recordó que en la actualidad tienen prohibido realizar publicidad de sus bebidas en cualquier medio. “Ahora último se restringió la difusión en radio y televisión, que era lo único que teníamos y eso que era desde las 21:30. Si no se exhibe el producto legal, proliferará el que no da garantías para la salud”, aseguró.

En la actualidad se producen en el país unos 6 millones de litros de licor de marca por año, mientras que el llamado “trago de punta” llega a 20 millones de litros.

La Asociación de Industriales de Licores del Ecuador, por medio de su presidente Sebastián Toral, expresó que el 70% de la producción nacional se da en el Azuay.
Agregó que el porcentaje restante está distribuido en  Loja, Guayas, Pichincha y Manabí.

Para Toral, su agremiación siempre ha estado dispuesta a acatar las normativas que dispone la ley, pero afirma que debe  ser  trabajo de las autoridades combatir el expendio de bebidas alcohólicas no registradas.

“A nosotros nos regulan tres diferentes ejes: el sanitario, tributario y de calidad. Nunca se ha escuchado que alguna persona se haya intoxicado por consumir licor de alguna marca con registro. Nosotros no tenemos ningún problema en acatar las resoluciones de ley, pero ¿qué pasa con ese mercado mal llamado artesanal que no tiene ningún tipo de regulación?”, cuestionó.

De acuerdo al directivo, del 100% de la facturación que tienen las empresas, el 54% va destinado a la cancelación de impuestos. “Antes pagábamos el 32% y prácticamente el expendio de licor de contrabando estaba erradicado. Con el alza de tributos no ha disminuido el consumo, sino que ahora la gente ha cambiado sus preferencia”, aseveró Tálbot.

El costo mínimo de una botella de 750 mililitros de licor industrializado tiene un valor en el mercado de $ 5,50 a $ 6,00, mientras que el litro del artesanal cuesta $ 1,50.

Ventas en abacerías

La ordenanza que se analiza en el Cabildo incluye sanciones severas a quienes comercialicen bebidas alcohólicas sin tener los permisos respectivos. Cuenca posee 7.000 abacerías, las cuales, según la ley, no pueden ofrecer licores.

Sin embargo, más del 80% de estos locales lo estaría haciendo de manera clandestina. Las sanciones son equivalentes al pago de un salario mínimo y de volver a incurrir en la violación, el propietario tendrá que pagar el doble  y se le cerrará definitivamente el local.

“A través de un decreto presidencial, los locales autorizados pueden vender bebidas con contenido alcohólico solo hasta las 22:00 de lunes a sábado. Por eso es mejor aunar esfuerzos para que esto se cumpla”, señaló  Wilson  Muñoz, concejal y presidente de la Comisión de Seguridad de Cuenca.

Agregó que el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en la región están relacionados con el consumo de alcohol. De ahí, insistió en la necesidad de controlar su venta y consumo. De los datos entregados por el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, se desprende que el 60% de personas que son detenidas por infracciones de tránsito estuvieron en estado etílico.

Esa es una de las razones por las cuales la Alcaldía de Cuenca presentó un proyecto de ordenanza para controlar el expendio y consumo de bebidas.

La Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Concejo Cantonal de Cuenca, luego de recibir el plan que normará el expendio y consumo de alcohol, expresó que tiene inconsistencias.

El edil Wilson Muñoz dijo que hay varios planteamientos que se proponen en el reglamento que ya constan en la ley. “Nos hemos encontrado con situaciones que la normativa legal ya plantea, ahora nuestro deber es ir definiendo competencias y articulando”, aseguró.

El planteamiento es aumentar la sanción a $ 158,00 para las personas mayores de 18 años que beban en sitios públicos, mientras que los menores de edad deberán realizar un determinado número de horas de labor social.