Once profesores son procesados por la Fiscalía de la provincia del Cañar por agresiones sexuales a menores de edad. Otro catedrático ya fue condenado a 22 años de prisión por violación a cuatro niñas.

Los ataques de los maestros, se cometieron, supuestamente, en contra de niñas de diferentes establecimientos educativos, cuyos padres están en el exterior como emigrantes. Esto ha incrementado los delitos sexuales en el Cañar hasta en un 75% y las principales víctimas son los menores de edad que quedan al cuidado de los abuelos, tíos, hermanos, e incluso de los vecinos, en algunos casos. 

Según la Fiscalía, estos delitos, en su mayoría, suceden en los sectores rurales de la región. En este año, 11 casos por agresión sexual a menores de edad se están tramitando en la Fiscalía, donde están involucrados como sospechosos  profesores del magisterio nacional. Cuatro, supuestamente por acoso sexual, cuatro por violaciones y tres por atentado al pudor.

En lo que va de 2012 existe un total de 118 denuncias por agresión sexual de las cuales se han emitido 46 instrucciones fiscales, 42 dictámenes acusatorios y se han obtenido 12 sentencias condenatorias.

En 2011 se presentaron alrededor de 186 denuncias por violaciones en toda la provincia, de las cuales se obtuvieron 25 sentencias condenatorias entre las que se dictó sentencia de 22 años a Sergio Enríquez Narváez, por abuso a cuatro menores de edad mientras ejercía el cargo de director -por ocho años- en una escuela rural de la provincia.

Este hecho fue denunciado y las autoridades les dieron todas las garantías, tanto a familiares como a las personas que aportaron con los datos para sentenciar al maestro que cometió estos delitos, cuando desempeñaba el cargo de director de un establecimiento.

En la provincia existen 57 menores protegidos por la Fiscalía, el 74,7 % corresponde a personas que sufrieron  estas agresiones sexuales, de los cuales 33 son por violación, 24 por atentados al pudor y uno por estupro.

El cantón con más personas protegidas es La Troncal, con 23 víctimas; luego Azogues, con 19; mientras que Cañar y Suscal con nueve, Biblián con cuatro y en Déleg dos más. “La migración ha facilitado que se den estos delitos, ya que los niños quedan al cuidado de personas que no son sus progenitores”, dijo Romeo Gárate, fiscal provincial.

Además, manifestó que generalmente los agresores son las personas más cercanas a las víctimas; hermanos, tíos y, en un índice mayor, por parte de padrastros. “Y también en los últimos años se ha presentado un número significativo de maestros que también han procedido a agredir sexualmente a estudiantes”, manifestó.

La autoridad cree que el 90% de estos casos se da como consecuencia de la migración, pues los padres viajaron a los Estados Unidos, dejando a los menores al cuidado de familiares que aprovecharon su abandono para convertirlos en víctimas de agresión sexual.

Este delito, al igual que el coyoterismo, son las infracciones que más alarma social han creado en la población, además de graves impactos físicos y psicológicos que dejan en las víctimas. “Hemos obtenido múltiples sentencias condenatorias y cada año se incrementan las denuncias al igual que las  sentencias“, explicó el funcionario al tiempo de expresar que las agresiones sexuales siempre se han dado, pero las personas afectadas no las denunciaban por temor al agresor o sencillamente por recelo a las críticas de la sociedad”, puntualizó.

Ante estos hechos, la Fiscalía inició un acercamiento con comunidades alejadas donde se han presentado los casos, como es el caso de la población de Quilloac. Además, el fiscal Gárate pidió que las instituciones educativas  acepten coordinar con la Fiscalía para que, por intermedio del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos,  tomen las medidas adecuadas “para que el violentado no siga sufriendo la agresión del victimario con su presencia”.

En 2009 se realizaron 108 denuncias de agresión sexual a niños, niñas y adultos, de las cuales se obtuvieron 18 sentencias condenatorias, cifra que se incrementó en 2010 a 23 sentencias y el año pasado hubo 25 dictámenes similares.

Para el funcionario, “esta realidad causa alarma a la ciudadanía en general, la cual pide que en los establecimientos escolares se tomen medidas para evitar estos abusos, ya que la mayoría de violaciones es a niñas, niños y adolescentes de cuatro años de edad en adelante”. “En parte la culpa es de los padres porque preferimos el dinero y dejamos solos a nuestros hijos”, manifestó Luisa Contreras, ciudadana del Austro.

Otros azogueños dijeron que no es nuevo este tema en la provincia, lo que sucede es que ahora las autoridades han tomado cartas en el asunto y están protegiendo a los menores de edad que se quedan solos en los hogares y los padres, en algunos casos, jamás regresan a su tierra.