La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) suspendió las actividades de más de 80 labores mineras, en la parroquia Carmen de Pijilí, del cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay. Las propietarios de las áreas intervenidas no pudieron justificar la legalidad de su actividad.

Con unos 400 militares, los funcionarios de la Agencia y el Ministerio del Ambiente recorrieron una a una las mineras pidiendo la debida documentación y el permiso para operar.

Quienes se hallaban en los sitios no contaban con sus papeles en regla alegando que eran mineros artesanales. Sin embargo, en sus terrenos se encontró gran cantidad de maquinaria trabajando en el lugar. “No podemos hablar de que es minería artesanal cuando se encuentran tres compresores, tienen maquinaria pesada y sacan de 5 a 6 volquetadas diarias”, expresó el dirigente del sector.

César Robles, asesor jurídico de Arcom, informó que son más de ochenta mineras las que no presentaron permiso.
“Las  que hemos suspendido  no cuentan con la autorización para ejercer la actividad”.

Y es que después de que al menos unas 26 comunidades del Carmen de Pijilí denunciaran la invasión de mineros ilegales, los funcionarios fueron a constatarlo y encontraron maquinaria trabajando en el lugar.

Los pobladores aseguraron que dichos equipos ya han destruido la naturaleza debido a que operan a cielo abierto, sin los permisos correspondientes, aseguró Carlos Macas, habitante de la zona.

Asimismo, manifestaron que no se oponen a la actividad, pero exigieron a las autoridades más control, ya que el agua que consumen está afectando a la salud. “El líquido viene desde arriba, pasando por todas las mineras, llegando contaminada a la población”, denunció una de las afectadas.

Macas dijo no entender por qué las autoridades de Minas y Ambiente no actuaron con anterioridad. “¿Qué intereses o qué influencias existen? En Carmen de Pijilí no hay minería artesanal, se trata de gente con poder económico que tiene mucha maquinaria y  concesiones en otros lugares, como Bella Rica y otros”, afirmó.

Estudios hechos por el Municipio de Ponce Enríquez revelan que hay 150 quebradas contaminadas, algunas están muertas porque sus caudales son desviados a los túneles de los yacimientos mineros, dejando desabastecida la población. Se estima que 10.000 hectáreas están concesionadas en la parroquia y que hay unos 1.000 mineros, la mayoría del Perú.

El Carmen de Pijilí está ubicada en las cordilleras Mollopongo, del distrito minero Camilo Ponce Enríquez, a unos 30 km de la vía Machala-Naranjal. La actividad minera empezó a tener fuerza desde 1995 y ahora denuncian que hay explotación  informal.