La autorización, bajo condición, para la exploración de cobre en la parroquia de Chaucha, en la provincia del Azuay, ha motivado varios cuestionamientos al interior del Concejo Cantonal.

La vicealcaldesa Ruth Caldas denuncia que existen retaliaciones políticas en su contra y que se pretende destituirla de su cargo. Ella no descarta -en cualquier momento- presentar una demanda penal en contra de los concejales que han criticado su trabajo.

¿Qué hay en medio de todo esto?

Hay que hacer un recuento adecuado. Luego del 6 de agosto en la cual se genera -de acuerdo con la Ley de Minería- un acto administrativo favorable para que la compañía minera Ruta del Cobre pueda generar todos los trámites tendientes a conseguir la aprobación de actividades de exploración en la parroquia Chaucha. Fue notificada al día siguiente la empresa y se produce una suerte de pedido de aclaración por parte de esta el 9 y llega a manos de la Alcaldía el día 13.

¿Por qué no le permitieron ser parte de la sesión el lunes pasado?

Me pidieron que saliera, porque simplemente yo me iba a pronunciar respecto de la legalidad o ilegalidad de un acto realizado por mi persona.

¿Quién pidió que se retire?

Fueron varios concejales. Fue una propuesta del concejal Tarquino Orellana, luego hubo varias voces en el Concejo a favor y en contra, pero finalmente primó el espíritu de que yo tenía que salir de la sesión de Concejo. Con eso me despojaron del derecho como concejal de participar en una sesión.

¿Cuándo sería la próxima reunión?

Tengo entendido que el señor Alcalde tiene previsto convocar a inicios de la semana siguiente, pero yo no sé cuál es la respuesta que va a dar el Concejo Cantonal, si la aclaración es una figura que no existe.

¿Se habla se arrogación de funciones?

Simplemente no existe. Si la aclaración es una figura que no consta en la ley, en el caso nuestro el Cootad, que es la norma suprema que rige la vida del Municipio, por lo tanto, el Concejo Cantonal. Si no existe esta figura, ¿qué me arrogué y cuándo me arrogué? Son las preguntas que yo me formulo. La comisión de mesa será la que se pronuncie en la siguiente sesión.

¿Va a asistir?

No asistiré porque no puedo ser juez y parte. Lo que sí voy a hacer es precautelar mis derechos, no solo como persona, sino por ser la representante de un conglomerado de la ciudad. Lamento que los juristas que están en el Concejo Cantonal hayan interpretado antojadizamente las normas y hagan de este un tema, no legal, sino político. Hay una persecución a todo lo que es militancia de PAIS.

¿Cree que se llegue a una destitución?

Yo no creo. En su momento pediré el uso legítimo a la defensa, si es necesario a través del patrocinio de uno de los abogados que he consultado.

¿Qué tiene que ver la empresa minera?

El escrito que presenta el concejal Orellana  será, en lo particular, una posibilidad de analizar a posteriori si emprendo una acción de tipo legal, pero será una acción personalísima. Lamento que en el escrito que se presenta al señor Alcalde se haya dicho que existe un pacto o un contubernio entre él y la vicealcaldesa.

¿Tomará acciones legales contra el concejal Orellana?

Mis abogados están revisando los escritos y de ser pertinente tendré que revisarlo. Pienso que a más de defender la buena honra de una persona, hay un sector rural que sigue mi trabajo. Actualmente presido tres comisiones en el Concejo, entre ellos el Comité Permanente de Festejos de Cuenca. Haré el uso legítimo de mi defensa porque esta situación no puede quedar así.