Este mes la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Azuay completó la transferencia de competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a los 15 cantones de esta provincia.

Los últimos gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que recibieron las resoluciones para iniciar su ejercicio fueron El Pan, Sígsig, Oña, Pucará y Paute.  

En la provincia los municipios, excepto Cuenca, según lo establecido por el Consejo Nacional de Competencias, pertenecen al modelo de gestión C, que los faculta a emitir los títulos habilitantes, como permisos de operación en las modalidades de transporte intracantonal, taxi convencional, escolar, institucional y carga liviana.

El director de tránsito provincial, Boris Palacios, sostuvo que la institución cumplió el cronograma de capacitaciones  con la finalidad de preparar a los funcionarios municipales que estarán a cargo de ejercer las competencias en sus territorios. “Se los instruyó teórica y prácticamente sobre los procesos para la emisión de los títulos habilitantes”, dijo.

Palacios explicó que la ANT apoyará a los municipios en el proceso de transición y que colaborarán en los momentos que sean solicitados.

En la provincia, sin contar con el cantón Cuenca, existen 14 operadoras de taxis, 28 de carga liviana, 17 escolar e institucional y 29 de buses urbanos e intracantonales, que serán gestionados por los GAD.  

Mientras tanto, en la capital azuaya, que fue la primera ciudad del país que adquirió de forma absoluta estas facultades, las autoridades municipales dialogan con diferentes grupos de la ciudad sobre la tarifa del transporte urbano. Ayer, se reunieron con los dirigentes estudiantiles de las universidades del cantón.

El alcalde Marcelo Cabrera explicó que se trata de mesas de trabajo para recoger las opiniones de los actores de la ciudad. Además, para conformar una comisión de seguimiento al estudio de la tarifa.

Los universitarios manifestaron que dialogarán las veces que sean necesarias, pero que no están de acuerdo con el posible incremento de los precios. “Hemos tomado la postura de que el alza afectaría directamente la economía del estudiante y su familia”, indicó Pablo Briones, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en Azuay.

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