Hace 2 meses, Oswaldo Quishpe conoció del Movimiento Contra la Usura y de la Asociación de Perjudicados en Azuay, organizaciones que están integradas por personas que han sido víctimas de este delito.

Quishpe es uno de ellos. En el año 2004 hizo un préstamo de $ 8 mil al 4% de interés mensual. “Me cobraban $ 320 cada mes, pagué esa cantidad desde 2004 hasta 2012”, indicó.

El prestamista, en varias ocasiones, le solicitó a Quishpe que hipotecara su casa, pero él se negaba. “En 2012 me atrasé en el pago de 2 meses y me volvió a decir que hipoteque mi casa o de lo contrario que cancele el total de la deuda. Pedí que me esperen unos meses porque iba a pedir un crédito en una cooperativa; sin embargo, mi sorpresa fue que en febrero de 2013 me llegó la notificación de que me habían demandado”, dijo.

Perdió el juicio y tuvo que cancelar los $ 8 mil de la deuda, señala que con los intereses terminó pagando alrededor de $ 33 mil. Su caso continúa en un segundo proceso.

En 2011, Rosa Zhicay, de Gualaceo, perdió su casa tras una demanda por el cobro de una deuda en la que su propiedad estaba dada en garantía. En 2006 hizo un préstamo de $ 5 mil a una tasa del 5% de interés mensual. Por este préstamo hipotecó su casa y firmó varias letras en blanco.

“Yo, como estaba para pagar firme, no desconfié y pensé que no iban a hacer nada. (...) Como yo quería salir lo más pronto de la deuda pagaba más de intereses, algunos meses les daba $ 500, $ 300, $ 400, desde 2006 hasta el 2009”, señaló.

Ese año Zhicay fue demandada, situación que desconocía hasta que el proceso estuvo cerca de llegar a sentencia. “Yo no sabía nada y cuando me di cuenta pagué a un abogado que me dijo que me iba a ayudar, pero no pasó nada. Después hice el pedido de nulidad de la sentencia, pero tampoco me sirvió”, explicó.

La mujer expresó que además de perder su casa terminó pagando $ 9 mil por los intereses. “Ahora, el señor que me prestó el dinero anda feliz riéndose y en Gualaceo ya es un empresario”, acotó.

Desde 2013, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura impulsan una campaña contra la usura, la cual contempla un plan de recompensas para identificar y proporcionar información sobre las personas dedicadas a esta actividad ilícita. Con esta opción, Zhicay puso una denuncia en la Fiscalía, sin embargo, asegura que hasta la fecha por su caso “no se ha hecho nada”.

Otro perjudicado por este delito, es Miguel Barzallo. Él vive en Pasaje y ha debido enfrentar amenazas y procesos legales por préstamos realizados por su padre, a quien le entregaron $ 8 mil a un interés mensual del 3%. También hipotecó un terreno y firmó letras en blanco.

En 2011, los prestamistas le dijeron que sería demandado por no cancelar los intereses. “Supuestamente mi padre no había cancelado ningún interés, pero yo mismo hacía los depósitos e incluso a mi padre siempre le sacaban dinero diciéndole que le iban a ayudar”, dijo.

El padre de Miguel falleció en 2013 y un año después le llegó la notificación de la demanda. “Yo no sé cómo hicieron porque mi papá solo hipotecó el solar, pero dentro del juicio estaba el remate del solar y también la casa valorada en $ 240 mil”, acotó.

En septiembre de este año, Barzallo, decidió denunciar el caso por usura. “Llegaron los abogados de la señora que nos prestó el dinero diciendo que quieren solucionar el problema. Me dijeron que si retiro la demanda ellos nos devuelven el bien, pero nosotros vamos a seguir porque por todo esto mi padre falleció”, dijo.

Campaña contra la usura

A decir de los perjudicados, la iniciativa gubernamental de combatir la usura a escala nacional es positiva, sin embargo, cuestionan cómo son manejados los casos por algunos funcionarios de la justicia. “El Gobierno nos ha escuchado y su proyecto es bueno porque están ayudando y luchado contra la usura, pero la situación es que ciertos funcionarios no están comprometidos con esta lucha”, dijo Teresa Ordóñez, presidenta nacional del Movimiento contra la Usura.

Según Ordóñez, existe complicidad por parte de algunas autoridades en los casos denunciados y considera que en el Austro los avances han sido pocos. “En Loja hay 4 juicios ganados y en Azuay tan solo hay uno. Lamentablemente no todos los funcionarios de la justicia están comprometidos con esta campaña del Gobierno”, dijo.

Una auditoría de los juicios civiles y ejecutivos en los que se remataron viviendas y la investigación a ciertos fiscales, jueces y secretarios es el pedido planteado por parte del Movimiento al Ministerio del Interior.

Ordóñez mencionó que si bien no existen datos oficiales de los afectados por este delito (también conocido como ‘chulco’), se sabe que en todo el país existiría más de un millón de perjudicados.

Pequeños comerciantes, productores y, sobre todo, personas que migran al exterior son las principales víctimas de los usureros en las provincias de Azuay y Cañar, dijo Jaime Cando, representante en Azuay. “La usura viene cogida de la mano con los coyoteros; el año 2000, prácticamente, fue la época dorada de los chulqueros”, indicó. (I)