La Asamblea Nacional, con 100 votos a favor y 17 abstenciones, aprobó ayer en segundo debate la reforma que elimina la Central de Riesgos -manejada por la Superintendencia de Bancos- y crea el Registro de Datos Crediticios, que dependerá de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dnrdp).

Este registro de datos informará sobre las referencias crediticias, según el análisis de historial de cumplimiento de las obligaciones crediticias que otorga la Central de Riesgos a los clientes que estaban en mora con sus deudas.

En ese registro constará el cumplimiento de las obligaciones financieras, comerciales, contractuales, de seguros privados y de seguridad social de las personas naturales y de las empresas. De acuerdo con esta reforma, la

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos pondrá en funcionamiento el nuevo Sistema de Registro Crediticio en un plazo de hasta un año, período en el que los burós privados de información aún prestarán sus servicios y luego desaparecerán.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, expresó que para estructurar el Registro de Información Crediticia la Superintendencia  establecerá un sistema que permitirá contar con información individualizada, consolidada y clasificada sobre los  principales deudores financieros.

Según Velasco, la nueva norma estipula el libre acceso de las superintendencias de bancos, de economía popular y solidaria, y la de compañías a los datos del Registro Crediticio para cumplir sus deberes y obligaciones establecidos en la ley.

Esta reforma, que entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial, se obtuvo gracias a la rectificación de la anterior votación sobre la derogatoria de la Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y la Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos.

El asambleísta Fernando Vélez fue el autor de la propuesta aprobada ayer. Explicó que el 75% de deudores de la banca cerrada saldrá de la Central de Riesgos y  que no pagarán intereses quienes deban menos de $ 5000. "La honra del pueblo ya no estará manchada. Los deudores estaban criminalizados... era como tener un certificado de antecedentes penales”, expresó.