Más de un centenar de ciudadanos del cantón Girón, en la provincia del Azuay, fueron víctimas de una millonaria estafa por parte de presuntos empresarios mineros.

Los acusados fueron detenidos por los propios perjudicados y la jueza Mónica Jara dictó orden de prisión preventiva y el allanamiento de sus bienes. Aún es difícil calcular el monto que lograron amasar los falsos industriales.  

Las tres personas, entre ellas una mujer, son acusadas por un grupo que involucra a no menos de 160 ciudadanos de las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe.

El hecho ha conmocionado el cantón Girón, ya que al decir de los perjudicados, los sujetos se hacían pasar como empresarios, pero estafaron a los incautos ciudadanos. 

Romelio Abad, representante de los perjudicados, dijo que desde el mes de mayo esta supuesta empresa se ubicó en el sector del Pongo. Allí levantaron un campamento que resultó ser una “empresa fantasma”. Según los perjudicados, la audacia de los “inversionistas” llegó al punto de que convencieron al párroco de Girón para que oficiara una misa en el lugar, “celebrando el acontecimiento”.     

Abad dijo que para ingresar a la “empresa” era necesario depositar $800 dólares y a cambio se les ofrecía un sueldo por la misma cantidad por la jornada de trabajo (22 días de labores y 8 días de descanso). A los conductores que alquilaban las camionetas a la supuesta compañía les iban a pagar $900 como sueldo, más $900 por el alquiler del vehículo. “Denuncié en la Fiscalía hace 15 días y a las autoridades sobre estos problemas que se estaban presentando”, dijo. 

Los denunciantes presentaron un documento, sin sellos algunos, otros no, como comprobante de garantía. En dicho papel se hace constar el nombre de los supuestos accionistas que a título de la empresa Centerpez S.A dan por recibida la garantía de $800 “los mismos que serán reembolsados después de tres meses de prueba, y en caso de renuncia repentina la devolución se llevará a cabo dentro de 48 horas laborables”, dice en la hoja sin  membrete.

Llueven las denuncias

Rosa Guamán dijo que pagó los $800 para tener un puesto como cocinera, “pero después me mandaron a limpiar y posteriormente a piquiar (trabajo con pico)”. Ahora ella no sabe si podrá o no recuperar su dinero invertido.   

Según las denuncias los supuestos inversionistas arrendaron los terrenos en el sector de El Pongo en el kilómetro 40 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje para levantar los campamentos.

En este lugar las personas trabajaban limpiando los terrenos y según ellos, en las noches, los llevaban hasta la parte alta de la montaña para indicarles en dónde se iba a extraer los minerales.

Jorge Rodríguez dijo que a fines de julio cumplió la jornada de 22 días trabajados, pero que ahora no tiene el comprobante porque días antes se lo pidieron con el pretexto de que le iban a poner otro sello “ya que iban a cambiar el nombre de la empresa”, manifestó.          

Manuel Plaza, en cambio, señaló que entregó $1.000 para poder tener un trabajo. Y aseguró que llegó desde Zamora para laborar y que pidió que le devolvieran su dinero.  

A eso de las 14:00 de ayer, la jueza Mónica Jara, encargada del juzgado Multicompetencia, dictó la orden de libertad para los implicados aduciendo que no existían elementos suficientes para detener a los acusados. Los perjudicados reaccionaron en la parte baja del edificio, situado en el centro cantonal, y no permitieron que estos salieran del local, por lo que solicitaron un recurso para que los implicados inmediatamente fueran juzgados. 

La presión era fuerte a esa hora. Los gritos en contra de la jueza no se hicieron esperar, mientras la Policía realizaba el resguardo de local donde eran juzgados los implicados. A las 15:00 otra vez se instaló la audiencia de juzgamiento con formulación de cargos y finalmente se les dictó  prisión preventiva.

Una implicada se defiende

Pidió primero que se reservase su nombre y dijo que todo es injusto y que no tenía nada que ver en el asunto, señalando que eran otras personas las que recibían el dinero para la garantía, “entonces por qué tengo que pagar yo”, dijo, agregando que era “la única gil”.   

La acusada manifestó que fue informada de que las garantías servían para cancelar todos los bienes que fueron adquiridos. “Todos son proyectos productivos”, señaló, y dijo además que el proyecto minero recién se está constituyendo por parte de la empresa, sin saber el monto del capital que tenía la empresa que estaba en formación.
Manifestó asimismo que a muchas personas ya se les devolvió el dinero de la garantía.