Con un auditorio lleno, ayer se realizó en Cuenca la primera socialización del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. La propuesta tiene como propósito solucionar los problemas vinculados a la especulación del suelo.

Alrededor de 115 personas entre autoridades y representantes de gobiernos autónomos descentralizados, docentes y estudiantes participaron del evento, en el que a través de 3 mesas de trabajo plantearon sus inquietudes y propuestas en torno al proyecto. La realidad en cuanto a la ocupación y aprovechamiento del suelo es preocupante en el país, destacó Richard Calderón, asambleísta, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización Territorial.  

En el evento se expusieron indicadores que justifican la elaboración de la ley. El 46% del territorio presenta incompatibilidad entre la vocación del suelo y su uso. El 70% de las construcciones del país no cumple con requisitos técnicos mínimos. Los asentamientos irregulares humanos (invasiones) ocupan aproximadamente 15.400 hectáreas y los asentamientos ubicados en laderas, rellenos y esteros evidencian una alta vulnerabilidad, con una población amenazada de 2’861.000 (19.5% de hogares del país).

Para Fernando Pauta, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, la creación de esta ley es una de las necesidades más sentidas de Ecuador.

Explicó que si bien en el país han existido gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que sí han cumplido con una planificación territorial ordenada, también hay aquellos que han dejado pasar una serie de intervenciones  en el territorio que han generado impactos negativos. “Así como tienen que hacer uso de los recursos públicos y dar cuentas al ente de control, también en el caso de las actuaciones en el territorio tienen que sujetarse a una ley y ser motivo de una auditoría del ente competente”, opinó.   

Para ello la creación de una Superintendencia cumplirá la función trascendente de observar y vigilar que los municipios asuman sus potestades, siempre y cuando se definan bien las funciones y sobre todo haya independencia de todos los niveles de gobierno.   

La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y la creación de entidades de control son los aspectos que preocuparon a los representantes de los municipios, quienes esperaban conocer el proyecto a fondo y comprender de qué manera la norma respeta su independencia. “Estamos aquí para ver los beneficios y dar nuestras aportaciones para que la ley sea en beneficio de todos los territorios”, dijo Clemente Bravo, alcalde de Santa Rosa.

Jorge Coello, burgomaestre de Chordeleg, contó que desde 2002 este cantón cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que sugirió que estos sean evaluados para rescatar de ellos las mejores directrices y contribuyan al proyecto de ley.        

El asambleísta Calderón señaló que la intención de la ley no es afectar la autonomía de los municipios. Debito a esto, los GAD continuarán aprobando sus planes de desarrollo territorial y autorizando los usos de suelo, cumpliendo y respetando lo planificado. Para el 20 de febrero está prevista una segunda socialización de la norma, pero esta vez en la ciudad de Quito.