Dirigentes indígenas y autoridades de la provincia de Orellana, del Ministerio de Justicia, Secretaría de Pueblos, Fiscalía y Policía investigan un aparente ataque waorani en contra del pueblo en aislamiento voluntario de los taromenanes, ocurrido el fin de semana pasado.

Gilberto Nenquimo, vicepresidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), indicó que el 24 de marzo pasado 16 miembros de esa etnia se habrían introducido en la selva de Orellana (ver gráfico) en busca de los taromenanes  para, de alguna forma, “vengar” el asesinato de los ancianos Ompure y de su esposa Buganey, ocurrido el 5 de marzo pasado a manos de tagaeris y taromenanes, dos pueblos aborígenes no contactados de la Amazonía que se han visto amenazados por la actividad petrolera, minera y maderera.

De acuerdo con información preliminar que maneja el dirigente indígena, una de las personas que participó en la supuesta venganza les dijo que el viernes 29 de marzo, en un sector cercano a Yademtaro -comunidad ubicada en la selva- los waoranis habrían atacado una choza donde se presume estaban 50 personas.

A más de destruir la vivienda de los taromenanes, los waoranis habrían  capturado a dos menores de edad, a quienes los tendrían cautivos en las comunidades  Dicaro y Yarantaro.  

Para verificar el sitio exacto en donde se habría registrado el incidente, Caweti Yeti, presidente de la Nawe; Pedro Enqueri, líder de los waoranis de Pastaza; Manuela Ima, representante de las mujeres; y dos dirigentes más, al medio día de ayer realizaron un sobrevuelo por la zona.

Lo hicieron en una nave rentada porque líderes de las comunidades Dicaro y Yarantaro habrían prohibido el ingreso de los dirigentes waorani, de los militares y de autoridades civiles. Aducen que la cultura waorani no permite que otras personas -a más de sus familiares- puedan observar el cadáver.

Personal del Plan de Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia también realizó un sobrevuelo por la zona selvática de Orellana en donde se ubican los pueblos en aislamiento para confirmar o desvirtuar el hecho, según información en  su  cuenta de twitter @Justicia_Ec.

De Ompure, cuya muerte sería el motivo de la venganza del fin de semana, se conoce que era un guerrero. “Sabía mucho sobre ellos y de su idioma. Los definía como altos y siempre les daba como una característica de superioridad, de gente que vive del monte, de gente que se relaciona con las espinas”, contó Milagros Aguirre, periodista y directora de la Fundación Alejandro Labaka en la Amazonía.

Dijo que lo que está sucediendo es que este grupo (de pueblos en aislamiento), prácticamente está en una “burbuja”, rodeado de todos los malestares posibles: les sobrevuelan en helicópteros o escuchan ruidos extraños de motosierras...

Según ecologistas y expertos, los pueblos Tagaeri y Taromenane tienen entre sus amenazas a otras etnias indígenas de la zona como los waoranis y kichwas, así como las incursiones en sus territorios por parte de colonos y turistas nacionales y extranjeros, debido a la contaminación, abusos y enfermedades que acarrean.

El general Jorge Peña Cobeña, comandante del Ejército ecuatoriano, al ser consultado por El Telégrafo días atrás sobre si militarizar la zona ayudaría a controlar el conflicto entre etnias indígenas, señaló: “No, no creo, porque es una zona intangible y hay que respetar aquello”.

Puntalizó que lo que ellos (militares) podrían hacer es un patrullaje esporádico, un cierto control limitado y que le corresponde monitorear la zona al Ministerio del Ambiente: “Yo me imagino que ellos deben desarrollar un sistema de guardaparques y gente que conozca además del asunto”, indicó.

En cambio, el viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla, estimó que esos ataques entre etnias suelen ser parte de una espiral de violencia que difícilmente puede superarse con arreglos provenientes de la legislación y de la normatividad que, en cambio, son comunes en las ciudades y en el sector rural que no es el amazónico.

Recordó que el plan de medidas cautelares que está bajo la competencia del Ministerio de Justicia determinó formas de intervención orientadas básicamente a la protección de los derechos colectivos no solo de los pueblos waoranis, sino de los pueblos en aislamiento, los cuales se ven expuestos a diversas amenazas.