La historiografía tradicional ha consagrado a Cuenca como “el bastión realista” frente a los sucesos del 10 de agosto de 1809. En efecto, el realismo cuencano estuvo representado por las autoridades españolas: el gobernador Aymerich y el obispo Quintián Ponte, quienes impusieron un régimen de terror apenas se recibieron las noticias de Quito; entre las múltiples acciones contra los simpatizantes de la junta quiteña se decretaron muchas prisiones por meras sospechas, varias acusaciones versaban sobre haber mirado el semblante de algunos con faz alegre, como que aprobaban los acontecimientos de la capital.

Para juzgar a los reos se conformó un Juzgado de Comisión cuyos jueces no tuvieron piedad con los acusados. Fueron especialmente duros con 8 presos, a quienes se remitió a Guayaquil para que sean juzgados por el gobernador Cucalón. De estos destacamos los casos de Francisco García Calderón, Contador de las Cajas Reales, que se negó a proporcionar los fondos fiscales a los miembros de la junta antiquiteña, y al Alcalde de Primer Voto don Fernando Guerrero de Salazar y Piedra.

Por otro lado, se interpreta el proceso independentista cuencano como una prolongación casi mecánica del 9 de octubre de 1820. Es indudable la influencia guayaquileña en los sucesos que se desencadenaron a raíz del movimiento octubrino; sin embargo, consideramos que los hechos y los procesos históricos no se producen de la noche a la mañana por generación espontánea sino que en su desencadenamiento existen fuerzas generativas ocultas y subterráneas que han madurado paulatinamente.

La génesis del proceso independista de Cuenca acaso se encuentre en las profundas contradicciones sociales que fueron gestándose a lo largo de la Colonia, especialmente en la dicotomía chapetón-criolla.

Con el paso de los meses el movimiento quiteño dio marcha atrás y las circunstancias políticas volvieron al cauce anterior al 10 de agosto. Luego, vino el sacrificio de los próceres en 1810 y, finalmente, el arribo del Comisionado Regio Don Carlos Montúfar quien avanzó sobre Cuenca en donde se había instituido la Real Audiencia al mando del presidente Joaquín Molina y Zuleta, designado por el Virrey del Perú; apoyaba el ingreso de Montúfar un grupo de cuencanos liderados por Joaquín Antonio Calderón y Salazar.

Detenido en Guasuntos en marzo de 1811, juzgado y sentenciado por delitos de Estado, tras juicio sumario instruido por un oficial del Cuartel Real de Lima, a la sazón acantonado en Cuenca, fue remitido a la prisión de Cádiz, ciudad en la que logró su libertad por intervención de José Mejía Lequerica, convirtiéndose en una especie de apátrida en la Península.

Refugiado en Astorga, Reino de León, hacia 1816 fue denunciado nuevamente en calidad de sedicioso por don Manuel de Mello, antiguo cortesano, presunto favorito de María Luisa de Parma, deseoso de recuperar el favor de la Corte de la que había sido expulsado tras los sucesos de Aranjuez.

Conviene decir que como consecuencia del juicio seguido en contra de Calderón y Salazar resultaron procesados un tío de él, sus hijos, 2 sacerdotes —uno cuencano, otro quiteño— y el escribano Ignacio Pazmiño, confinado a Lima.

En Secuelas del 10 de agosto en Cuenca, Diego Arteaga da a conocer la prisión de por lo menos 12 personas acusadas de haber manifestado su simpatía por los insurrectos de Quito; los procesos judiciales se sustentan entre abril y mayo de 1811, es decir, después del enjuiciamiento a Calderón y Salazar que tuvo lugar en marzo de ese año.

Creemos con firmeza que la vertiente social insurgente en nuestra ciudad fue significativa; en el proceso judicial instaurado en contra de Calderón y Salazar hay testigos que coinciden en manifestar que “en el año pasado —de 1809— estuvieron engañados los de Cuenca y por tanto se opusieron, pero en la presente habían conocido el bien y estaban llanos a recibirlo —a Montufar— los principales sujetos de esta ciudad como eran don Luis Andrade, don Miguel Malo, don Manuel Andrade, don  Ignacio Pazmiño y muchos otros” cuyos nombres son citados por diversos testigos que comparecieron en el indicado proceso.

Confirma esta apreciación Joaquín de Molina y Zuleta quien en su recomendación al Consejo de Regencia de España e Indias de las personas que se destacaron en la defensa de Cuenca contra las tropas patriotas y comunica que ha concedido a la ciudad el honroso título do Cuenca del Rey, manifiesta:

“Muy dichoso sería yo si pudiera explicarme de la misma manera acerca de los demás habitantes de esa jurisdicción pero hay derramada visiblemente entre algunos de sus clases, especialmente en la más distinguida y opulenta, aquella maldita semilla de libertad, independencia y odio contra los europeos, que ha cultivado y propagado la traición quiteña entre varios individuos de Cuenca, Loja, Zaruma y otros pueblos menores y por medio de ellos la infección se ha comunicado al más dócil de los terrenos. No serían grandes los daños si se acude prontamente a remediarlo por el medio único y eficaz que consiste sacar de dichos parajes a los Valdiviesos, los Radas, los Crespos, los Salazares, los Malos, los Chicas y otros semejantes y trasponerlos a Ultramar”.

Si aglutinamos los nombres de los patriotas que respaldaron en 1809 a la Junta de Quito con quienes “estuvieron prestos a recibir a Montúfar” en 1811, a quienes habría que agregar aquel indefinido “y demás sujetos” que acompañaban a los implicados en la campaña de Calderón Salazar, amén de las expresiones lapidarias vertidas por Molina y Zuleta, podemos reiterar que la vertiente social insurgente en Cuenca a partir de 1809 fue, como hemos dicho, significativa y, a no dudarlo, constituye el más claro antecedente histórico para el estallido del 3 de noviembre de 1820.