Ayer por la tarde estaba prevista una reunión del Concejo Cantonal de Loja para encontrar una solución a la crisis, tras la licencia de dos meses que otorgó al Alcalde y el reclamo de este, quien denuncia la existencia de un plan para sacarlo del cargo.

Este hecho tiene como antecedente una reunión ordinaria del pasado jueves en la que se debía tratar varios puntos, uno de ellos, el permiso para ausentarse 5 días solicitado por el burgomaestre, Jorge Bailón, para viajar hasta Colombia para participar como conferencista en el Encuentro Empresarial y en el Foro de Cooperación entre América Latina y Asia del Este.

El requerimiento fue absuelto favorablemente para el funcionario por siete concejales, de los once que componen el cuerpo edilicio, quienes votaron porque se le conceda la licencia, pero no por los días solicitados, sino que el plazo se extienda a dos meses.

Bailón rechazó la resolución por considerarla ilegal e inconstitucional. Sostuvo que era una medida de la oposición, liderada por un ex alcalde, “que en el fondo solo busca atacar al partido de Gobierno”.

Señaló que la resolución adoptada por los concejales no tiene razón de ser porque la invitación colombiana obedece a los logros de su administración en el manejo de desechos sólidos, programa de vivienda popular, entre otros.

El Alcalde convocó para la tarde de ayer a una sesión extraordinaria del Cabildo para tratar este punto. Se sustenta en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que le permite hacer observaciones a resoluciones que no se enmarquen en la legalidad. Y recalcó que si los siete concejales persisten en lo resuelto, necesitarán ocho votos para que se apruebe la licencia de dos meses, número que, según  Bailón, no tienen.

Geovanny Aguinfaca, uno de los siete ediles que aprobaron la resolución, explicó que son tres los puntos por los cuales se vieron en la obligación de tomar esta decisión: el no cumplimiento por parte del Alcalde de las ordenanzas municipales, el no acatamiento de las resoluciones tomadas por ese cuerpo edilicio y el abandono de las obras fundamentales, como agua potable, alcantarillado, vialidad urbana, relleno sanitario, entre otras.

Respecto a la legalidad de esa decisión, señaló que  todo lo resuelto en la sesión del jueves es legal. “Para el burgomaestre, una medida es legal cuando le conviene y cuando no, es ilegal”, dijo. Añadió que la actuación se ellos es una respuesta al clamor de la gente del cantón Loja frente a la inoperancia del funcionario.

Prefecto pide estar alerta a ciudadanos

El prefecto de Loja, Rubén Bustamante, rechazó los “actos de desestabilización de la democracia” en la capital provincial, respecto a la licencia otorgada por el Concejo Cantonal al Alcalde.

Alertó a la ciudadanía lojana a tener cuidado, “ya que estos intentos de romper el orden jurídico podrían tener complicaciones negativas”.

Recordó la “negra historia” cuando en el pasado se derrocaban presidentes y mencionó que podría suscitarse algo similar en la ciudad y la provincia. “Mañana se dará vacaciones a cualquier presidente de una junta parroquial, Alcalde o  Prefecto. Por eso es nuestra obligación apoyar la decisión del pueblo lojano, que no puede ser cambiada por la intención de una o dos personas. Eso no lo podemos permitir nunca”, sostuvo.

Bustamante llamó a la solidaridad y a la paz ciudadana para seguir articulando trabajos que permitan atender las necesidades de la población.