Prefectura de Loja desmiente irregularidad en contrato de vía
El prefecto de la provincia de Loja, Rafael Dávila, desmintió el martes que existan posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Celica-Pónzul-Pindal, firmado el pasado 20 de diciembre de 2019, en la ciudad de Celica.
Dávila explicó que su entidad no ha sido notificada formalmente por el Sercop sobre la impugnación a la firma del contrato, por lo que no le encuentra ninguna validez al reclamo.
La impugnación presentada por la empresa Ripcomvic Cia. Ltda fue hecha en la misma fecha que se cumplió la firma entre la Prefectura de Loja y la empresa Constructora Nacional S.A.
Ripconvic aduce en su queja que fue descalificada sin sustento, pues cumplió “con la presentación del análisis de precios unitarios que contenían todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar el rubro de conformidad con lo requerido en las especificaciones técnicas”.
La apoderada de la empresa, Vanesa Palacios, insiste en que la Comisión Calificadora no tomó en cuenta las recomendaciones dadas por el Sercop y procedió a adjudicar el contrato a la otra empresa.
El prefecto Rafael Dávila precisó que el concurso contó con comisión calificadora de las ofertas, la cual presenta un informe.
Aclaró que hubo una denuncia que mostró una inconsistencia entre la oferta física y digital, pero que eso ya fue aclarado y corregido.
Al concurso de adjudicación del contrato para esta arteria vial se presentaron 13 ofertas, según la Dirección General de Vialidad y Obras Civiles de la Prefectura.
Finalmente la Empresa Constructora Nacional ganó el concurso y se le adjudicó el contrato para la construcción por un monto de $ 8’006.975, de los cuales $ 5 millones son aporte del Gobierno central.
En la impugnación al contrato, la compañía Ripcomvic pide al Sercop la suspensión de la Resolución de Adjudicación del contrato y advierte que solicitará la intervención de la Contraloría.
La carretera Celica-Pónzul - Pindal es de 27,95 km y el plazo de ejecución es de dos años, a partir de la firma del contrato (18 de diciembre 2019). (I)