Más de 100 camionetas y taxis ‘piratas’ laboran en la zona céntrica de Salcedo. Esta situación, según los integrantes de las 14 cooperativas autorizadas, les resta operatividad y ganancias. Por eso, solicitan la intervención de las autoridades.

Cerca de 40 dirigentes se reunieron en la Jefatura Política de Salcedo, para exponer sus requerimientos a Fernando Suárez, gobernador, y a Daniela Karolys, principal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Cotopaxi.

Karolys aclaró que las camionetas y taxis que no cuenten con el debido permiso, no podrán laborar. Pero también llamó a los agremiados a mantener sus documentos en regla.

Recordó que como institución no tienen el poder de sancionar, por ello solicitaron la intervención de la Policía Nacional, cuyo representante también participó en la reunión que tomó algo más de 2 horas y en la que solo la mitad de los asistentes  pudo participar, pues el salón de la Jefatura Política resultó estrecho.

Parques, mercados, paradas de buses e instituciones educativas en la parte central del cantón fueron delimitados para ejercer esta labor.

Los habitantes  prefieren tomar un carro no autorizado, ya que la carrera les cuesta menos.El control se endurecerá en estos sectores, con el fin de atender el pedido de los choferes cooperados.

Según los líderes de este gremio, ellos deben enfrentar gastos continuos para mantener su condición legal.

Por ejemplo, el pago de $ 100 a $ 150 mensuales a sus respectivas compañías, seguro de automóviles, facturación y mantenimiento mecánico para obtener los permisos.

Para Mario Villacís, presidente de la compañía de taxis Guillermo Pacheco, el trabajo es un derecho de todos, pero dentro de las normas pertinentes. “Si los compañeros informales se legalizan y asumen los gastos que nosotros enfrentamos no tendríamos problema”, dijo.

En Salcedo, 3 de cada 5 personas consultadas por EL TELÉGRAFO, prefieren tomar un taxi o camioneta ‘pirata’ para transportarse, porque —dijeron— “cobran menos”.

Ante esto, Villacís explicó que no pueden bajar los precios debido a los gastos que deben hacer y “la obligatoriedad de la utilización del taxímetro  desde el  11 de abril”.

Sobre el tema, Karolys se comprometió a mantener reuniones en un mes con los socios para evaluar el resultado de los operativos. “La política del Gobierno es apoyar el trabajo legal, no es justo que haya personas que coarten este derecho”, indicó al respecto el Gobernador.