El color rojo de su rostro no es por el cansancio. Es por el frío del páramo que se acentúa con el viento que baja por las colinas cubiertas de pajonales y plantas de piquil y de yagual en la comunidad El Salado.

Este pueblo está habitado por unas 150 familias y se ubica en la parroquia Pilahuín, a una hora de viaje desde Ambato. La vía asfaltada que lo conecta con la ciudad, Aguaján y El Arenal es estrecha, de doble carril y en algunos trechos corre paralela con el río Ambato en una zona donde el agua todavía es clara.

Zoila Pajuña es una indígena kichwa de 48 años, de lunes a viernes baja de esa comunidad hacia la capital tungurahuense en donde trabaja como asistente doméstica en el barrio La Vicentina. Gana $ 150 al mes por medio tiempo de trabajo, de 14:00 a 19:00.

“Tengo 2 hijos que tuvieron que buscar empleo en Ambato. El varón es mecánico y la mujer, costurera. Yo soy divorciada y alterno entre los quehaceres domésticos, la siembra de la tierra y la producción diaria de leche. No tenemos más opciones de ingreso”, comenta esta mujer.

Como ella, casi la totalidad de habitantes de este pueblo tiene que sobrevivir con diversos oficios y la práctica de una agricultura precaria de la que obtienen papas, mellocos, habas, cebolla, ajo y otros productos que luego venden en las ferias populares y en los mercados de Simiatug, Guaranda, Ambato y la región.

El Salado no tendría nada de particular de no ser por un detalle. Este sector rural junto con sus pares, Chuquibanza y Pucutahua, fueron triunfadores del ‘Premio Verde’ que organizó en 2015 el Banco del Estado (hoy Banco de Desarrollo del Ecuador).

Esto como parte del proyecto de mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones vinculadas a los páramos de la represa Mulacorral que se ejecuta con apoyo del Gobierno Provincial de Tungurahua (GPT) y las organizaciones locales.

El premio fue de $ 300 mil que se invierte en obras civiles de desarrollo. Gracias a esto, en El Salado se construye una panadería y un centro de acopio para la Asociación de Productores de Lácteos de El Salado (Asoprolac).

Segundo Rafael Ases, secretario de la comunidad Llangahua, explicó que con estas infraestructuras se pretende crear fuentes de empleo y obtener así ingresos para las familias de la zona que viven sobre los 3.500 metros de altura.

“Nuestros padres quemaban los páramos y los invadían con ganado vacuno y ovejas. Además, los asesoraron mal y sembraron bosques de pino que secaban el agua natural. En la actualidad, todo eso cambió por nuestra decisión de cuidar y proteger unas 6.500 hectáreas (ha). Hacemos rondas de observación y sancionamos a quienes realicen quemas de pajonales e introduzcan animales más allá de la cantidad permitida”, explicó Ases.

En el sector de Chuquibanza se edifican 2 cabañas para alojar a los turistas que visiten los atractivos de esta zona. Con eso se pretende potenciar el turismo comunitario que se practica hacia las aguas termales, el nevado Chimborazo, las ferias indígenas artesanales, los criaderos de truchas, etc.

Con estas obras y una mejor organización guiada técnicamente por el GPT, los comuneros confían en que la migración por trabajo disminuirá y que las personas como Zoila Pajuña volverán permanentemente a sus tierras agrícolas.

Un trabajo a escala provincial

Lo que ocurre en la comunidad Llangahua se replica en los 9 cantones tungurahuenses con 14 proyectos que se enmarcan en la participación interinstitucional dentro del Nuevo Modelo de Gestión.

Esta labor provincial se inició en 2002 gracias a las 3 principales organizaciones rurales de esta provincia: el Movimiento Indígena, Campesino y Pueblos Kichwas de Tungurahua (MIT); el Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MITA) y la Federación de Organizaciones, Pueblos Indígenas y Campesinos Evangélicos de Tungurahua (AIET). Así se formó la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua (UMICT).

“Representamos a 14 organizaciones involucradas con el plan de manejo de páramos en las que participan entre 30 y 40 mil familias. El área de conservación agrupa unas 40.000 ha de páramo”, explicó Hernán Toala, del equipo técnico de la UMICT.

El objetivo es garantizar el agua para potabilización y de riego y también la conservación de la flora y la fauna. “Desde 2008, el GPT, las hidroeléctricas, Emapa, los municipios y la UMICT aportan anualmente alrededor de $ 500 mil para el fondo de páramos”, añadió Toala. (I)