Dos años de diálogos y recomendaciones no han sido suficientes para hallar una solución definitiva al transporte informal que se practica en las comunidades rurales de Cotopaxi y de la región central.

En Cotopaxi, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 3.500 transportistas informales buscan un mecanismo para legalizar su actividad en los 7 cantones, pero hay otros 1.000 que laboran por su cuenta. Esto último es la causa fundamental de los desacuerdos.

En mayo de 2011, las autoridades de la Gobernación firmaron un documento para autorizar al entonces asesor jurídico del transporte comunitario, Vicente Tibán, la coordinación del trabajo de las camionetas de este tipo. Más tarde, la ANT no acató el acuerdo y objetó que no habían estudios técnicos que permitieran ejecutar la orden.

En la actualidad, este servicio de transporte se mantiene, pues las vías de acceso a la mayoría de comunidades rurales es de piedra o tierra. Por eso, los dueños de las cooperativas legales de transporte, de  taxis y buses se niegan a entrar en esos sitios. De ahí que la única opción son las camionetas informales.

“El transporte comunitario es solidario, dar la mano al vecino que no tiene cómo transportarse, un trueque y una forma de vida”, dijo Santiago Naula, coordinador de Transporte Comunitario de Salcedo.

El lunes pasado se realizó una reunión de dirigentes, transportistas y autoridades en la sede de la Federación de Comunidades de Salcedo (Fecos). Participaron más de 50 profesionales del volante.

El objetivo de la cita fue solicitar a los propietarios de camionetas que actualicen sus datos personales y los detalles de los vehículos para entregarlos a la ANT. “Esto con el fin de terminar con la persecución de la Policía a quienes cumplen con el transporte en las comunas que todavía no es legal, pues detrás de cada citación hay una sanción de más de 600 dólares”, dijo Naula.

Con esta lista, los transportistas esperan que se permita laborar a quienes cumplan con los requerimientos técnicos de la ANT, mientras se hace una reforma y se regulariza este servicio en la Asamblea Nacional.

El plazo máximo para entregar la documentación terminará el domingo 24 de noviembre.Cada conductor deberá entregar las copias a color de los siguientes documentos: cédula, papeleta de votación, licencia de conducir, SOAT, matrícula y una ficha llena.

El plazo máximo de entrega de esta documentación es el domingo 24 de noviembre. “Después se entregará a la ANT para que los policías cuenten con un listado en el que consten las camionetas calificadas en las comunidades, y permitirles su labor”, indicó Arturo Ugsha, asesor jurídico de transporte comunitario.

Para Ugsha es importante establecer las normas y los ejes sobre los cuales podrán operar las camionetas. Destaca que es importante que se cumplan los requerimientos establecidos, como no llevar exceso de pasajeros, colocar una carpa, asientos y “no operar en la zona urbana, pues esta no es campo laboral de las camionetas comunitarias”.

Alba Benavides, jefe político (e) de Salcedo, advirtió que de no cumplir con los requerimientos no formarán parte de la lista y, en consecuencia, no podrán circular. “Estos datos se están solicitando desde antes de mayo de 2013”.

Ajena a estos trámites, Delia Taco, vecina de la comuna Compañía Alta, en la parroquia Cusubamba (a una hora de Salcedo), pidió a las autoridades más flexibilidad. “Las camionetas son nuestro único medio de transporte. No podemos caminar por horas. En lugar de poner trabas sería mejor que nos ayudaran”.