El llamamiento a juicio realizado al Alcalde de Guaranda por parte de los Jueces Temporales de la Sala Especializada de Garantías Penales de Bolívar deja dudas entre varios jurisconsultos, quienes consideran que los conjueces incumplieron procedimientos jurídicos.

Para Washington Ramírez, quien ejerce como abogado desde hace 11 años en la capital bolivarense, los conjueces no actuaron dentro de los parámetros normales al revocar el sobreseimiento. “Este recurso es inválido debido a que la resolución ya se dictó, aunque se puede aclarar el manejo de algún concepto; sin embargo, la orden de prisión preventiva está vigente”, dijo Ramírez.

La defensa de Jaramillo sostiene, de su lado, que el proceso iniciado el año pasado en contra de la autoridad por un supuesto peculado en la adquisición de llantas para los vehículos municipales en 2010, cuyo monto ascendió a $ 26 mil fue sobreseído definitivamente por el presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia en noviembre de 2012, por no encontrar delito alguno que perjudique al Estado; y que este, además, ordenó archivar el caso.

“No voy a correr, no correremos por los tejados. Aquí estamos todos (...) Y si tenemos que ir a la cárcel, iremos”.

Sin embargo, el 23 de mayo de 2013, los magistrados temporales revocaron dicho sobreseimiento, llamando a juicio al titular del Concejo guarandeño y otros funcionarios y ordenando su prisión preventiva, violando así —según la defensa— el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, que norma el sobreseimiento definitivo.

Por esa razón, los conjueces enfrentan hoy en día un proceso penal acusados del delito de prevaricato, denuncia que fue presentada el 29 de mayo ante la Fiscalía General del Estado, por el alcalde Gustavo Jaramillo. Y adicionalmente se presentó una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo propósito es pedir la destitución de dichos jueces temporales, afirmó Joffre Campaña, abogado defensor del alcalde bolivarense.

Sobre la orden de prisión preventiva dictada por el tribunal, Ramírez indicó que los implicados tienen dos instancias más sobre el dictamen emitido por los conjueces. Una es acudir a la Corte Nacional mediante un recurso de casación. “Por otro lado, la defensa puede pedir otro tipo de medidas cautelares o sustitutivas a la prisión preventiva, pero también se puede presentar apelación para estas”, dijo el experto en derecho. La prisión preventiva es considerada una medida excepcional, usada cuando se han terminado los recursos previos a la etapa de juicio.

Todo este proceso sirve para recopilar evidencias para el juzgamiento. Según los procedimientos judiciales, las dos partes tienen tres días, a partir del auto de llamamiento a juicio, para presentar algún recurso de apelación. “Se puede presentar un recurso de aclaración, recurso de apelación o solicitar una medida sustitutiva”, dijo Ramírez.

26
mil dólares fue el monto de la compra de neumáticos para los vehículos municipales

Al referirse al llamamiento a juicio que hacen los conjueces temporales y la orden de prisión, el Alcalde acotó: “No voy a correr, no correremos por los tejados. Aquí estamos todos los involucrados, asumiremos con responsabilidad. Y si tenemos que ir a la cárcel, pues iremos”.

La orden de prisión no se ha hecho efectiva debido a los recursos legales presentados por la defensa del Alcalde y Jaramillo continuará ejerciendo su cargo y en libertad mientras se tramita el caso.

En los próximos días, las partes deberán acudir a la Corte Provincial de Justicia para el inicio de la respectiva audiencia que determinará la culpabilidad o la inocencia de Jaramillo; sin embargo el proceso podría durar meses hasta agotar las respectivas instancias.