Por sorpresa tomó a muchos guarandeños la orden de prisión preventiva emitida por cuatro conjueces de la Corte Provincial de Bolívar en contra del alcalde de Guaranda, Gustavo Jaramillo.

El argumento se centra en un supuesto mal procedimiento para adquirir 26 llantas para vehículos del gobierno municipal de la ciudad. Ese caso fue seguido por la Contraloría General del Estado, entidad que realizó un examen especial al burgomaestre y otros funcionarios del Cabildo para determinar cómo se ejecutó el proceso de la adquisición de los neumáticos. En relación con este caso, se determinó que la municipalidad bolivarense utilizó el procedimiento de contratación pública de mínima cuantía.

Y en base al examen efectuado por el organismo de control, la Fiscalía realizó una acusación por el delito de peculado, según el artículo 257 C del Código Penal, por violar expresas disposiciones legales y reglamentarias contra Jaramillo y varios funcionarios municipales.
Tras seguirse el proceso de investigación por parte del Ministerio Público, el 14 de noviembre de 2012 se realizó la audiencia de sustentación de cargos, en la cual el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, Guido Campaña Llaguno, dictó el sobreseimiento de los acusados.

En el dictamen del juez se indicó que la exculpación de los acusados se efectuaba porque no existía delito que perseguir, de acuerdo con el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, el 17 de mayo de 2013, los conjueces Vicente Vega, Salvador Morejón, Mario Espinosa y José Ortiz revocaron el acto de sobreseimiento.

Según el dictamen del grupo colegiado, tomaron la decisión luego de que la Corte Superior de Justicia no se hubiera pronunciado sobre el caso. Y debido a ello, los magistrados también emitieron la orden de prisión preventiva en contra de los involucrados.

“Esto no está permitido por la ley; esa revocatoria no es legal. Sin embargo, los señores conjueces han ejecutado esa acción”, afirmó Joffre Campaña, abogado del Alcalde de la capital bolivarense.

Por su parte, para el funcionario, la acción de los conjueces a más de ser ilegal y arbitraria estaría fundamentada en intereses y rencillas políticas.

“Hace rato que los intereses políticos y el afán por desprestigiar a la gente que forma parte de esta administración vienen haciendo un profundo daño en contra de todos los guarandeños”, sostuvo el alcalde Jaramillo en rueda de prensa.

También hizo referencia a la constante confrontación que la Alcaldía tiene con un medio de comunicación de la ciudad. “Estos mismos jueces y conjueces forman parte de ese pequeño grupo de personas y no permiten el desarrollo normal de nuestro trabajo”, sostuvo Jaramillo.
Mientras tanto, la defensa del burgomaestre anunció que pedirá la destitución de los jueces y conjueces que sean parte del proceso.

“Acudiremos al Consejo de la Judicatura para que empiece a tomar medidas en contra de estos jueces, ya que al no encontrar ningún delito existe prevaricato; es decir, que dictaron una resolución de manera arbitraria”, afirmó Campaña, quien además hizo referencia al caso de las llantas como una cosa ya juzgada, en la que no se encontró responsabilidad contra Gustavo Jaramillo ni otra persona.

“No existe perjuicio para el Estado y tampoco se ha beneficiado el señor Alcalde en el proceso de contratación”, finalizó el jurista.

Jaramillo señaló que en el caso de la adquisición de los neumáticos para los vehículos de la municipalidad, tanto la Contraloría General como la Fiscalía no encontraron delito ni perjuicio al Estado, por lo que el proceso no tendría sentido, ya que no hay argumentos para seguir una acción penal en su contra, señaló el burgomaestre durante la comparecencia ante los medios que tuvo lugar en el Salón de Actos de la municipalidad este miércoles, y al que asistieron alrededor de 200 personas para escuchar el pronunciamiento de la autoridad.

Al mismo tiempo, según fuentes extraoficiales, los conjueces se pronunciarán en los próximos días sobre la revocatoria y la continuación del proceso.