La mañana del lunes 21 de febrero, 251 personas privadas de la libertad del ex Penal García Moreno de Quito fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social, que se construye en el límite de Latacunga con Saquisilí.

El lugar registra un 80% de avance en su estructura. En días anteriores, ahí circularon rumores sobre una supuesta fuga, pero esta fue inmediatamente desmentida por la Policía.

César Jiménez, jefe provincial de la Policía Judicial de Cotopaxi, informó que son versiones infundadas y que la tranquilidad en el centro penitenciario se mantiene, sin ninguna novedad.

Además, confirmó que el lugar es resguardado por un oficial superior, 5 suboficiales y 60 uniformados.

Las obras civiles como el servicio de alcantarillado y agua potable no están terminadas.

Ante esta falta de servicios básicos, el lunes por la mañana los internos protestaron. Ellos reclamaron mejores condiciones y recordaron los ofrecimientos de bienestar en este recinto que hicieron las autoridades.

A las 12:50, el Cuerpo de Bomberos de Saquisilí recibió una llamada del Ecu 911, para atender un supuesto incendio.

Según Luis Arcos, jefe de la institución bomberil, cuando llegaron al lugar se enteraron de que fueron convocados para ayudar a controlar a los detenidos con chorros de agua. “No colaboramos porque no es de nuestra competencia”, aseguró.

Al momento, 800 obreros trabajan contrarreloj, con el fin de concluir los trabajos pendientes.

El gobernador, Fernando Suárez, inaugurará el 31 de marzo el centro de detención. Previamente, se debe trasladar a los internos de Imbabura, Tungurahua, los que faltan de Pichincha y Cotopaxi. A estos últimos de acuerdo con Édison Tobar, comandante de la Policía en la Sub Zona 5, se los trasladaría en los próximos días. Por razones de seguridad, no reveló la fecha exacta en que se cumplirá el traspaso. “No es oportuno indicar el día y la hora para no afectar el operativo”, aseveró.

A la cárcel, indicó, le falta colocar las cámaras de seguridad interna. Estos equipos sufrieron un retraso en la exportación.

El alcalde de Latacunga, Rodrigo Espín, recordó que la construcción no tiene permiso de uso de suelo y que no se permitirá el traslado de más internos, en tanto no se solucionen los temas pendientes como la dotación de servicios básicos y no hasta que no se ponga en marcha el plan de seguridad.

Celinda A., esposa de un profesional de la albañilería que colabora en el CRS, manifestó la preocupación que siente por su cónyuge al saber que su trabajo se tornó “peligroso” desde el traslado de los privados de libertad. Afirmó que quiere abandonar ese empleo.

A 5 kilómetros, aproximadamente, del CRS está el cantón Saquisilí.

“No han ocurrido robos a casas ni asaltos como dice mucha gente. Surgieron varios rumores desde que llegaron los internos”, comentó Rocío Toapanta, habitante del centro de Saquisilí.

La mujer atribuyó esas versiones a la época política que se vivió en los últimos días.

Otros habitantes del cantón prefieren tomar las medidas para asegurar sus hogares, negocios y propiedades.

Alfredo Oña hizo colocar una puerta metálica en su negocio de abarrotes. Busca seguridad, pues considera que la vida no será la misma desde la llegada de los privados de libertad.

La inconformidad se sintió con un plantón realizado el sábado 22, en el sector El Salto, donde aproximadamente 100 jóvenes de entre 18 y 25 años protagonizaron una manifestación por la edificación del Centro de Rehabilitación Social.

“Cárcel no, hospital sí”, gritaron. Ellos anunciaron nuevas medidas para los próximos días.

Los 70 mil m² de construcción del complejo penitenciario no tienen muros.