Llegar a los barrios altos del noroccidente de la ciudad era toda una odisea hace tres años. La única vía habilitada era de tierra y los vehículos (incluidos los de transporte público)   resbalaban en su intento por llegar a los  barrios más cercanos como el Consejo Provincial.

Hoy esa misma carretera está asfaltada, aunque bastante afectada por los baches que se forman en la época invernal por los fuertes aguaceros. A eso se suma el sinnúmero de curvas y el ascenso que los conductores todavía deben superar con precaución. Pero en el ajetreo de la gente, han olvidado ponerle un nombre y todavía la conocen como la  N85.

El origen de estos barrios se remonta a los años ochenta, cuando las invasiones eran —para algunas familias— la única forma de acceder a una casa propia. Irma Torres (65 años) vive en la Cooperativa Jaime Roldós hace 30 años y cuando recuerda cómo era su barrio en esa época, no puede evitar las lágrimas. “Hemos sido arquitectos e ingenieros, con nuestras propias manos hemos trazado las calles por las que ahora caminamos”, asegura, tras  relatar las ocasiones en  que, junto con sus vecinos (algunos de ellos ya fallecidos), tuvo que “secuestrar” a varios funcionarios municipales para asegurar la entrega de servicios  básicos como el alcantarillado y el agua potable.   

Irma, oriunda de Loja, llegó a la capital en busca de trabajo porque su provincia atravesaba una grave crisis ocasionada por la sequía. En esas condiciones no podía costear un arriendo y tuvo que ocupar los terrenos que entonces pertenecían al Ministerio de Salud y que estaban dentro de la  Hacienda Pisulí. Esos recuerdos difíciles quedan atrás cuando mira el avance de su barrio y en su rostro, agrietado por el paso de los años, se dibuja una sonrisa.

Es que el espacio donde, hasta hace un año, funcionaba el centro de abastos de la localidad se transformó en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) más grande de la ciudad. Esa casa comunal que por 25 años lucía sucia, con ventanales rotos y desordenada, fue intervenida por el Cabildo y mejorada; ahora cuenta con una sala de cine de tercera dimensión, áreas para capacitación en informática, manualidades, baile, teatro y biblioteca, todo de acceso gratuito. Además cuenta con  un comedor que, por 10 dólares mensuales, atiende a los niños que cada tarde llegan al lugar para hacer sus tareas escolares.

En los exteriores del CDC se adecuaron espacios verdes para el esparcimiento de los moradores. Ahora es común ver a los jóvenes y niños disfrutando de una exposición  fotográfica, mientras que los adultos mayores utilizan esos espacios para ejercitarse con personal del CDC.

La acogida ha sido masiva. Por ejemplo, al principio la bailoterapia se practicaba de lunes a viernes, pero por la demanda fue necesario ampliar el horario hasta los sábados. Las madres, en cambio, prefieren los  cursos de tejido y confección de muñecas, pues tienen la  oportunidad de abrir su propio negocio.

Simultáneamente, otros asisten a las clases de computación o realizan consultas en la biblioteca. Tábata Villalba, de 17 años, afirma que desde la apertura del centro la rutina de las familias ha cambiado. “Antes era normal que grupos de jóvenes se reúnan en las esquinas, no precisamente para hacer  algo malo, solo que no aprovechaban su tiempo.

Ahora ellos asisten al centro y participan de algunas actividades”. Por ello, también fue necesario que como parte de los talleres se abra  un  curso de break dance (hip hop).

Juvenal Andrade, dirigente del barrio Pisulí, comenta que a pesar de las innumerables necesidades del sector, esta obra ayudó a aplacar algunos problemas sociales como las pandillas y la desintegración familiar. “La comunidad está participando activamente, pero aún hay problemas complejos por resolver como la venta y el consumo de drogas, el  alcoholismo y las familias desintegradas”.

Según datos de la Unidad de Policía Comunitaria de Pisulí, en los últimos cinco meses las denuncias por robo y otros delitos han disminuido. Si antes se denunciaban al menos 10 casos por semana, en esta última solo se ha registrado una y se debe a un caso de violencia intrafamiliar.

Quienes transitan por los pasajes de Pisulí, lo hacen en medio de la polvareda, pues solo dos están adoquinados. Andrade  explicó que dentro de la Ordenanza Municipal 3375, que avala el asentamiento en Pisulí, se estableció que era responsabilidad de la directiva del barrio  ejecutar  las obras de adoquinamiento con   recursos de los  mismos socios.

En 2009 la Cooperativa Pisulí entró en  liquidación y, como parte de la legalización, hasta el momento se han entregado 1.300 escrituras. Confían que en cinco meses concluya el proceso y puedan solicitar el apoyo del Municipio para concretar obras como alcantarillado, pavimentación y sistemas de seguridad.