Los moradores de San José del Condado y otras zonas del noroccidente de Quito tenían previsto reunirse ayer para declararse en resistencia contra el proyecto de transporte en teleféricos (Quitocables), impulsado por la Alcaldía.

La obra recibió luz verde para su ejecución por una parte del Concejo Metropolitano, que ayer aprobó el uso de 19 predios municipales contemplados en la ruta de la Línea Norte, que uniría a los sectores de La Ofelia y La Roldós.

La sesión, a la que no asistieron todos los ediles, fue una continuación de la que había sido suspendida el jueves luego de que el pleno del órgano legislativo se quedara sin el quórum reglamentario.

La medida fue aprobada con el voto del bloque SUMA-VIVE (6 concejales), tres independientes (Sergio Garnica, Karen Sánchez y Edy Sánchez), el vicealcalde Eduardo del Pozo (CREO), el alcalde y Monserrath Cevallos, una de las alternas de la exvicealcaldesa Daniela Chacón.

La legalidad de la sesión fue cuestionada por Chacón, quien aseguró a través de una carta en Internet que no había autorizado la principalización de Cevallos.

La excoidearia de Rodas exhibió un oficio enviado a las 07:56 de ayer al secretario del Concejo, Diego Cevallos, para que se principalice a David Bermeo.

Chacón señaló que la normativa municipal establece que la delegación de la actuación de los ediles se hace de forma expresa. Por ello cuestionó que ante la excusa de Bermeo se hubiera buscado a Monserrath Cevallos para que asumiera las funciones de Chacón en el Pleno. Incluso anunció que tomaría acciones al respecto, aunque no especificó a cuáles se refería.

El exalcalde Augusto Barrera comentó el suceso a través de Twitter: “El Concejo de Quito irrespetado y vapuleado al filo de la legalidad y barrios enfrentados como clientela. Triste realidad”.

El procedimiento, sin embargo, fue defendido por Sergio Garnica, quien acudió a la sesión y apoyó el uso de los predios municipales.

Otro tema cuestionado es el momento en que se reinstaló la sesión. Inicialmente, la Alcaldía convocó a los ediles para las 08:00 de ayer. A las 08:49 se cambió la hora para las 09:30, aduciendo problemas de movilidad debido a la visita del presidente chino.

Sin embargo, el encuentro dio inicio alrededor de las 11:35 del viernes; esto es, dos horas después de la hora final fijada.

La Resolución 074 del Concejo Metropolitano de Quito indica en su artículo 4 que “si transcurridos 20 minutos de la hora señalada no existiese el quórum reglamentario, la sesión se dará por no instalada...”.

Entretanto, los habitantes de San José del Condado insistieron ayer viernes en que no permitirán la construcción del proyecto y responsabilizaron al alcalde de lo que pudiera pasar.

Ángela Sanes aseguró con gritos y entre lágrimas al final de la sesión que “correrá sangre”, pero no saldrán de sus viviendas.

Esto mientras policías metropolitanos la hacían callar y salir del Municipio, aduciendo que la sesión había concluido y que se aproximaba el traslado del cuerpo del exalcalde Sixto Durán Ballén desde el Salón de la Ciudad hasta el cementerio, donde fue sepultado.

Según Sanes, la mitad de su predio resultará afectado por la construcción de la estación Mariscal Sucre, de los Quitocables.

Galo Romero, uno de sus vecinos, dijo que no aceptan los valores que el Cabildo les ofrece por sus predios porque estos se ajustan “al avalúo municipal y este es muy bajo”.

San José del Condado, en donde se han concentrado las protestas en contra de la obra, es la zona en la que propiedades privadas se verán afectadas por expropiaciones totales y parciales.

Así se desprende de la información que dio ayer ante los concejales presentes el secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, respecto a la obra.

Según Tapia, en total son 35 los inmuebles y terrenos que serán intervenidos como parte de la obra en distintos puntos de la ruta entre La Roldós y La Ofelia.

Entre ellos están los 19 de propiedad municipal cuya utilización fue aprobada ayer. El resto (16), según el líder de las protestas, Patricio Molina, está en ese barrio.

Por otro lado, el alcalde Mauricio Rodas negó ayer que el colegio Andrés Bello vaya a verse afectado por la construcción, por lo que aseguró que se tratará de una intervención establecida a los límites del plantel. (I)