El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró ayer que ha negociado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), órgano dependiente del Banco Mundial.

Los 4 organismos multilaterales de crédito han comprometido su aporte financiero por más de $ 900 millones, para la construcción del Metro de la ciudad.

Esto lo hizo, según la autoridad quiteña, para lograr la aceptación de nuevas condiciones para la construcción de la segunda fase del proyecto, la que contempla el túnel subterráneo por el que circularán los trenes, además de las estaciones intermedias, cocheras y otros elementos similares.

El principal cambio que la nueva administración edilicia implementará en el proceso, es la ampliación del plazo de construcción de 36 a 42 meses.

Con ello, la operación del sistema masivo de transporte de pasajeros no se hará efectiva hasta mediados de 2017, como estaba previsto inicialmente, sino que se aplazaría, al menos, hasta finales de dicho año.

Debido al cambio de las condiciones, adicionalmente se corrió la fecha para la apertura de los sobres con las ofertas, que ahora se realizará a inicios de julio.

Tras las elecciones seccionales del 23 de febrero pasado, el exalcalde capitalino, Augusto Barrera, decidió aplazar este procedimiento, que estaba fijado para el pasado abril, hasta junio. Lo hizo como una medida de cortesía, al considerar que su reemplazante debía ser quien tomara las decisiones respecto de la obra más grande que se construirá en la urbe en décadas.

Rodas justificó su decisión bajo el argumento de que el nuevo plazo resulta más realista, dada la complejidad del proyecto. Además, dijo que de esa manera se evitan eventuales extensiones, las que terminan encareciendo los trabajos.

Reducción de multas

Entre tanto, el Alcalde capitalino aseguró que desde ayer están en vigencia las rebajas a la mitad de las sanciones económicas relacionadas con la restricción de circulación vehicular (Pico y Placa) y del sistema de estacionamiento tarifado (Zona Azul).

Mauricio Rodas explicó, también, que en relación con el Pico y Placa, los agentes civiles de tránsito municipales tienen la disposición de reforzar el control preventivamente.

Esto significaría que buena parte de los uniformados que se encargan de este tipo de verificación, se ubicará en el perímetro que marca la zona en la que se aplica la medida. El objetivo es evitar que los eventuales contraventores ingresen al sector cuando no pueden hacerlo.

Del mismo modo, se ratificó que cuando se verifique este tipo de contravención, el vehículo será trasladado hasta el patio municipal de retención más cercano y que su recuperación se producirá luego de que el propietario cancele la multa respectiva.

Sobre el exceso de tiempo de uso de la Zona Azul, el titular del Concejo Metropolitano ratificó que los agentes civiles no inmovilizarán el automotor. Y dijo que los 140 candados existentes para el efecto fueron embodegados.

Darío Tapia, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), añadió que durante los próximos 30 días se estará implementando un sistema tecnológico para evitar que quien estacione en los lugares de la vía pública controlados por el Municipio, infrinjan la ley.

El software permitirá que los agentes civiles que efectúen el control avisen, mediante correo electrónico o mensaje de texto, al propietario del automotor que está a punto de concluir el tiempo máximo por el que está autorizado a estacionar en la Zona Azul (incluye 10 minutos de prórroga).

De no obtener una respuesta favorable, entonces el uniformado procederá a emitir la boleta de multa correspondiente.