Directivos de las parroquias rurales rechazan el reglamento elaborado por la Alcaldía de Quito para el funcionamiento de la ordenanza 102.

Los dirigentes señalan que la normativa tiene vacíos, lo que a la larga impedirá que cumpla su cometido de incentivar la participación ciudadana. La norma es impulsada por la Secretaría Metropolitana de Coordinación Territorial y fue aprobada el 4 de octubre pasado.

A decir de Gina Rosero, presidenta de la Junta Parroquial de Puembo, el reglamento burocratiza  los procedimientos.

Pone como ejemplo que las convocatorias a ciertas reuniones serían notificadas por los administradores zonales. “Se llama a los moradores para que generen un banco de necesidades para formar el Plan Operativo Anual (POA) 2017, pero lo que están haciendo, realmente es feriar los presupuestos participativos. El manejo de esos recursos nos corresponde a nosotros”.

Otro de los inconvenientes que generaría la norma, según los denunciantes, es la creación de dirigencias paralelas.

Rosero considera que las nuevas directivas desconocerán a las anteriores, a pesar de que ‘algunas de estas tienen bases jurídicas. Se crean nuevas dirigencias para captar el voto en las elecciones’.

Marco Cumanicho, presidente de la Mancomunidad Valle de los Chillos, dijo que en La Merced, en Amaguaña y en Alangasí ya se han creado nuevas directivas. “En Amaguaña existen 60 barrios y con la normativa tendremos 60 directivas más. Eso llevaría a que cada una intente justificar su legalidad”.

Cumanicho dijo que eso generará también saturación en el pedido de obras. Dijo que en Amaguaña, con 120 dirigencias, existirían 120 solicitudes de obras, “lo que llevaría  a que nunca se ejecuten”.

Rosero añadió que el reglamento contrapone el artículo 6 (inciso J) del Cootad, en donde se habla de la autonomía de los gobiernos parroquiales.

Los dirigentes han solicitado reuniones con la Alcaldía, especialmente con José Luis Guevara, secretario de Coordinación Territorial para que derogue el reglamento.

Según Cumanicho, de no escuchar a las parroquias rurales, “vamos a protestar en las afueras del Municipio”. 

Ordenanza 102 fue un proceso participativo (*)

Mediante un comunicado de prensa, el Municipio de Quito explicó que  la Ordenanza 102 fue un proceso participativo, a través de varios espacios ciudadanos permanentes con los barrios y más de 1.000 actores ciudadanos.

Según el Cabildo,  se recogieron todas las necesidades respecto a la participación ciudadana en Quito. "Con estos insumos esta Administración municipal generó un proyecto de Ordenanza, que fue sometido a segundo debate y aprobación del Concejo Metropolitano por unanimidad el 3 de marzo del 2016".

 Argumentaron que la ordenanza define cuáles son los roles de los ciudadanos frente a las políticas municipales, es decir que el ciudadano conozca claramente cómo debe enfocar su participación en las diferentes instancias y cuáles son las expectativas al respecto. Se establecen tres roles: proponente o copartícipe, consultivo, y vinculante.

 "También se busca devolver a la sociedad civil su rol en la discusión de la ciudad a través de asambleas ciudadanas, que son representativas y que incluyan a yodas las organizaciones sociales. Finalmente contiene que la regulación para la implementación de la silla vacía, espacio en el cual los ciudadanos podrán tener un voto en las decisiones legislativas que tome el Concejo Metropolitano", dijeron. 

 El Municipio asegura que se incrementó el porcentaje de los presupuestos de inversión de las administraciones zonales del 40% al 60% para que sean los ciudadanos quienes decidan en qué se invierte en cada parroquia. "Por último, se regulan las consultas previas, pre legislativo y ambiental y se fortalecen los mecanismos de control social a través de las veedurías ciudadanas".

José Luis Guevara, secretario general de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, señaló que el reglamento a la ordenanza 102, "bajo ningún concepto crea o extingue derechos, sino que sirve para fortalecer los principios y mecanismos existentes, por ejemplo, normas como el quórum necesario para las asambleas, como se deben convocar, cómo garantizar que se cumpla con la equidad de género, la transparencia en las actuaciones o la alternabilidad tal como la Ordenanza 102". 

Según el secretario ni los mecanismos establecidos en la Ordenanza ni su Reglamento buscan reemplazar o limitar a las organizaciones barriales existentes ni interferencias de los órganos municipales en las mismas.  Por el contrario, la Ordenanza 102 señala  que “se reconocen, garantizan y promueven todas las formas de organización social como expresión de la soberanía popular y el libre derecho a asociarse y que“las asambleas barriales estarán integradas tanto por ciudadanos a título personal o colectivo y organizaciones públicas y privadas sean de hecho o de derecho; de carácter territorial, temático o social. Mientras que el Reglamento a la Ordenanza garantiza que “las asambleas barriales se conformarán por iniciativa ciudadana y se regularán por sus propios estatutos, sin perjuicio de que éstas deban cumplir con la normativa vigente".

*Nota de la redacción: Incluimos la contestación del Municipio en nuestra página web, porque la respuesta llegó pasado el cierre de la edición impresa.