444 días han transcurrido desde que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició la recepción de documentos a los aspirantes a un cupo como taxistas en Quito.

Antes, el 11 de julio de 2017, el Concejo Metropolitano aprobó con 20 votos a favor la ordenanza que habilitó la legalización de 8.693 carros para el servicio.

El requerimiento de nuevos vehículos se basó en un estudio realizado el primer semestre del año pasado. La regularización debía concluir primero en febrero y luego en agosto últimos.

Sin embargo, este viernes 30 de noviembre terminó la extensión del plazo establecido por el legislativo local el 31 de agosto pasado, luego de que el mismo organismo suspendiera la legalización el 10 de mayo a la espera de que el alcalde Mauricio Rodas contratara una auditoría sobre la forma en que se ha venido desarrollando el procedimiento.

El tiempo no es el único problema. También debe resolverse cómo proceder con los alrededor de 4 mil aspirantes extra con categoría de idóneos frente al cupo autorizado por el Concejo.

Esta situación fue el argumento usado por los taxistas regularizados para realizar protestas el miércoles y jueves últimos y amenazar con bloquear la capital el viernes 30 de noviembre.

El dirigente Carlos Brunis ha asegurado en estos días, a nombre del gremio, conocer que al interior del Cabildo se procesa una propuesta para aumentar el número de vehículos que serían legalizados.

El alcalde Rodas, sin embargo, calificó este viernes 30 de noviembre de fantasiosa la afirmación. Recordó que el número de taxis a ser integrados al servicio fue establecido mediante ordenanza y que, por tanto, sería necesaria una reforma a la misma para el incremento. Y sostuvo que aquello no se ha planteado y que cualquier cosa que se diga al respecto cae en el plano de las especulaciones.

Una posición similar comparten otros miembros del Concejo capitalino. Ese es el caso de la concejala independiente Daniela Chacón, integrante de la Comisión de Movilidad, quien afirmó que la entidad no ha trabajado ninguna propuesta sobre el tema.

Recordó que la Comisión estaba convocada el miércoles para conocer los informes sobre los avances de la legalización, pero que no pudo reunirse por falta de quórum.

Sobre el camino a seguir respecto a los postulantes extra a taxistas, Chacón fue tajante. A su criterio, el procedimiento debería volver a cero, a pesar del costo político que ello pueda acarrear.

Sostuvo su posición en los errores que, afirma, tiene el procedimiento desde su inicio. “Lo que nace chueco, crece chueco”, sentenció. Recordó que su voto fue negativo cuando se autorizó el incremento de 8.693 vehículos en julio de 2017.

Según la edil, el taxismo informal prolifera por fallas en la provisión del servicio de transporte público masivo, que no cubre las necesidades de la ciudadanía. Y por tanto -a su juicio- deben atacarse esos vicios de la transportación antes de autorizar el incremento del número de taxis.

El concejal Sergio Garnica, otro miembro de la Comisión de Movilidad, es más cauto respecto a la resolución de la existencia de un número superior de postulantes idóneos frente al cupo existente.

Prefiere conocer toda la información respecto al avance de la regularización, antes de emitir un criterio sobre el procedimiento que debería seguirse.

No obstante, el legislador quiteño recordó que solo ese organismo puede definir en conjunto cómo se procederá en un caso como este.

Una posición similar tiene el secretario metropolitano de Movilidad, Alfredo León, quien aseguró que se han barajado criterios técnicos sobre el procedimiento que debería seguirse. Sin embargo, prefirió no adelantar criterios sobre las posibilidades existentes hasta que el cuerpo edilicio tenga todos los datos.

En cuanto a la extensión de plazos, el funcionario apuntó parte de la responsabilidad al propio Concejo. Se refirió a decisiones tomadas como la suspensión del proceso y la inclusión de una etapa de subsanación.

En esta, quienes consideraban injusta su eliminación, pudieron presentarse de nuevo. Esto alargó el plazo y aumentó los aspirantes. (I)

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Protestas de los taxistas provocan rechazo

Pilar Centeno salió este viernes 30 de noviembre de su casa ubicada en el barrio Santa Rita (sur de Quito) sin conocer que los taxistas habían declinado, la noche anterior, el bloqueo de la capital de la República.

Prefirió usar ropa holgada y zapatos cómodos “para caminar bastante, en caso de que sea necesario hacer transbordo”.

Al escuchar que el alcalde Mauricio Rodas propuso este viernes 30 de noviembre iniciar un debate nacional sobre la posibilidad de legalizar sistemas de transporte que usan aplicaciones tecnológicas, se mostró partidaria de aquello.

La mujer dijo que contar con alternativas como Uber y Cabify significa tener un servicio de taxis de mejor calidad que el actual.

Rodas coincidió en que la competencia ayudará a mejorar la calidad y añadió que ello evitaría que los ciudadanos se vieran sometidos a lo que llamó chantaje del gremio.

En las redes sociales, entre tanto, se popularizó desde la noche del jueves la propuesta de un paro de usuarios entre las 13:00 y las 15:00 de este viernes 30 de noviembre, en respuesta a las protestas que realizó el gremio.

Juan Serrano, jubilado que paseaba este viernes 30 de noviembre en la Plaza Grande, denunció que la suspensión de clases causó problemas en su familia y que su hija debió buscar con quién dejar a sus nietos pequeños. (I)

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El proceso de regularización está sujeto a observaciones

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Julio Puga, señaló el jueves que se investigan las denuncias realizadas al interior del Concejo sobre la entrega irregular de cupos en operadoras de taxis legalmente constituidas.

La legalización de unidades habría ocurrido de manera paralela al proceso de regularización de unidades que lleva adelante el Cabildo.

Puga no negó tajantemente los hechos y aseguró que se indaga para establecer quiénes serían los responsables. Algunas fuentes señalan que serían 2.000 los cupos asignados, mientras que otras mencionan alrededor de 6.000.

Entre tanto, continúa abierta la indagación iniciada el 19 de abril pasado en contra de dos concejales, seis exfuncionarios municipales y dirigentes de la transportación, por supuestos actos de corrupción en temas relacionados con movilidad.

El caso se refiere al otorgamiento de permisos tanto para buses como para el servicio de taxis a cambio del pago de coimas por parte de transportistas.

Ese día, ocho sindicados fueron aprehendidos en operativos realizados en domicilios y en el Municipio. Los presuntos implicados tienen actualmente medidas cautelares. (I)