Los negocios vinculados a temas aeroportuarios no desaparecerán de Chaupicruz, pese a la salida del aeropuerto Mariscal Sucre, que se ubicó en dicha zona por 50 años.             

Un recorrido por el sitio permitió conocer que al menos un 90% de las oficinas de agentes aduaneros, locales de renta de autos, de envío de encomiendas y correspondencia, no se reubicaría en Tababela.  

La razón puntual es que los oficinistas y dueños de negocios prefieren continuar trabajando en los alrededores del aeropuerto y no en la parroquia rural por los costos que implicaría la adecuación de nuevas instalaciones en Tababela.      

Para Andrea Alberca, de Servirent, empresa que alquila autos, una de las dificultades de ir a Tababela es que al momento no hay infraestructura y, la poca que existe, es costosa. “Un arriendo allá cuesta $6.000 mensuales”, comentó.

Olga Bustillos, agente aduanera, asegura que a más de los costosos arriendos, otro inconveniente para su negocio es la distancia entre Quito -donde están sus clientes- y Tababela, por lo que prefiere mantener su oficina en Chaupicruz y enviar solo a  dos personas al nuevo aeropuerto para que realicen los trámites  aduaneros.  

Cabe anotar que el valor del metro cuadrado de terreno en los alrededores del nuevo aeropuerto oscila entre los $ 100 y $ 120, cuando hace 5 años no superaba los $ 30.

Frente a ello, la concejal Elizabeth Cabezas informó que está en trámite una ordenanza municipal para establecer algún tipo de control sobre los precios de los terrenos.  

Mientras eso ocurre con locales dedicados a servicios aeroportuarios, un fenómeno distinto viven los hostales y hoteles del sector de Chaupicruz: al tener un negocio que se vincula directamente con la llegada de turistas están considerando cerrar y dedicarse a otra actividad. Así lo afirmó Alejandrina Simbaña, quien desde hace 12 años labora en un hotel frente al Mariscal Sucre.

La idea de montar negocios similares en Tababela ha sido estudiada por algunos promotores hoteleros, pero no han podido concretar nada porque -según afirman- en la parroquia rural no hay infraestructura suficiente.