El Concejo Metropolitano de Quito aprobó en primer debate los proyectos de cinco nuevas ordenanzas que regularán algunos de los tributos e impuestos que recauda la municipalidad. Con los cambios serán otras las directrices  para el cobro de impuestos para  el 2012. 

Entre las ordenanzas que se debatieron  constan: el impuesto a la patente municipal; impuesto a la utilidad y plusvalía; la contribución especial de mejoras; contribución por cobro de obras viales; las transferencias de dominio; y, la tasa de seguridad ciudadana.

Ayer se instaló el pleno del Cabildo para avanzar en el segundo debate de estas modificaciones y con ello queden definidos los rubros del presupuesto municipal para el 2012 que asciende a 669 millones de dólares.

Con  recomendaciones  de la Contraloría General del Estado, se elaboraron dos proyectos de Ordenanza: actualización del plan de valoración de los predios y la racionalización del cobro de los impuestos a los predios urbanos y rurales.

El alcalde Augusto Barrera señaló que se trata de ordenanzas para regular  algunos tributos e impuestos que no han sido revisados desde hace más de cinco años, cuyos  avalúos no corresponden con la realidad.  “No vamos a subir los impuestos sino que vamos a regular los impuestos de acuerdo con el costo real de los predios, lo que facilita las transacciones comerciales de bienes inmuebles”, dijo.

Barrera señaló que con estas ordenanzas  la gente va a tener absoluta claridad de cuánto se le va a cobrar y por qué. Así mismo, va a conocer la tabla exacta.

Se procederá a la actualización del valor del metro cuadrado y al establecimiento de los valores de construcción.
El administrador general del Municipio, Rubén Flores, explicó los justificativos jurídicos para realizar las reformas tributarias.

Ratificó que el efecto que la aplicación de estas ordenanzas va a tener en términos de impuestos es prácticamente mínimo o nulo para cerca del 75% de los estratos medios y populares, ya que se comenzará con el ajuste o actualización predial del 25% de los dueños de predios; y, el resto en cuatro años; es decir que recién en seis años todos tendrán actualizados sus avalúos.

Para este fin (la actualización) se contará con un avalúo homogéneo de los predios y de las construcciones. “Mucha gente se ha quejado de que es inadmisible que en un mismo edificio exista diferentes avalúos o que en el mismo barrio una casa o un terreno tengan avalúos diferentes; eso se pretende ordenar”,  detalló el Alcalde.

La homogenización será  de acuerdo con las diferentes áreas que tiene la ciudad, por ello se clasificará para que no se afecte a la ciudadanía.      

Mientras que con la racionalización del impuesto predial urbano y rural se establecerá una tabla que ya no tiene discrecionalidad: cobrará menos al que menos tiene y más al que más tiene.        

Para el pago se  diferenciarán  los predios que tienen uso residencial y los de uso comercial, eso permitirá una mayor justicia tributaria.  

En este tema prácticamente al 75% de la población  no se le afectará e incluso 56.000 predios cuyos avalúos son de menos de 7.000 dólares no pagarán nada.

Anteriormente el rango de exoneración de los impuestos prediales llegaba a 4 mil dólares, hoy llega a 7.000.
Hasta el cierre de esta edición el pleno del Concejo Municipal tramitaba en segundo debate estas iniciativas tributarias.