Los espacios públicos seguros son un proyecto que, desde el año 2009, implementa el Cabildo quiteño, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Logística  para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EM Seguridad-Q).

En ese contexto, durante los pasados 4 años, EM Seguridad-Q rehabilitó 33 plazas, parques y casas comunales como sitios seguros.  

Guadalupe Estévez, directora de la entidad, señaló que la inversión en el proyecto supera los 5 millones de dólares. Y añadió que la participación ciudadana es un elemento clave para el funcionamiento de dichos sitios.

Este año se espera construir 8 espacios públicos seguros en  la ciudadela Juan Pío Montúfar,  La Bota,  La Delicia,  el barrio  San Juan,  La Mena, Tumbaco y Los Chillos. Actualmente, la ejecución se encuentra en  fase de consultoría, que es realizada por un equipo especial contratado.  

Previamente, el Cabildo dialoga con la comunidad, recepta sus inquietudes y registra los lugares considerados como peligrosos.

Está planificado el establecimiento de 8 nuevos puntos seguros en el cantón durante 2014.Otra parte importante del plan es el sistema de botones de seguridad, que consiste en activar una alerta en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) oprimiendo la tecla 5 del teléfono celular del ciudadano que se haya inscrito.

Durante 2014, EM Seguridad-Q prevé añadir a 70 mil familias a las 200 mil que ya están cubiertas. En el caso de las alarmas comunitarias, el año pasado se colocaron 6.000, con lo que el beneficio llega ya a 34 mil familias.

De la misma manera, se anuncia que, en breve, se colocarán 88 postes en los que se instalarán nuevas cámaras de seguridad que estarán conectadas directamente con el Ecu 911. En total, se prevé contar con  casi 350 cámaras más en  el Distrito en este año.  

El trabajo que realiza EM Seguridad-Q cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior,  Ecu 911, Secretaría Metropolitana de Seguridad, Policía Nacional y Metropolitana. Estévez comentó que una parte del presupuesto anual (unos 9 millones de dólares) se invierte en apoyo logístico a miembros de las unidades de vigilancia, así como también se brindan capacitaciones en derechos humanos y conocimiento a las 8 administraciones zonales.

El financiamiento de la Empresa de Seguridad proviene en parte de la Tasa de Seguridad que pagan los vecinos de la ciudad dentro del impuesto predial; esos recursos se complementan con  fondos propios de la entidad municipal, pues el organismo cuenta, a través de una ordenanza, con su propio fondo  de 17 millones de dólares.

Parte de ese dinero también es destinado a programas como ‘Unidades Multiuso’, ‘Abogados Patrocinadores’, ‘Apoyo Logístico’, ‘Vivamos las Fiestas en Paz’ y al Fondo de Emergencia. Las políticas de seguridad y los proyectos de EM Seguridad-Q están destinados a la prevención de casos de emergencias.

Según datos, de la Secretaría Metropolitana de Seguridad, la tasa de homicidios por cada 100 mil  habitantes cayó un 15% entre 2012 y 2013. En tanto, las denuncias por robo a personas disminuyeron  un 22% en el  mismo período. Mientras, el robo a domicilios se redujo un 33% y el ilícito contra locales comerciales se contrajo un 23%.

Estévez añadió que las cifras muestran una reducción general en el índice de delitos en la ciudad y aclaró que aparte del trabajo institucional, la organización ciudadana ha contribuido para aquello, pues Quito cuenta ya con 1.800 comités de seguridad.

PLANTÓN POR RUMOR SOBRE NUEVA CÁRCEL

Desde las 07:00 de ayer, los habitantes del Barrio Santa Lucía (norte de Quito), se concentraron frente al cementerio Parque de Los Recuerdos para exigir que finalice la construcción -según ellos-  de un centro de detención provisional (CDP) atrás de la Unidad de Vigilancia Norte (UVN).

La protesta pacífica se desarrolló bajo el control de un piquete de policías ubicado en las esquinas de las avenidas 10 de Agosto y De los Eucaliptos.

Verónica Morillo, moradora del sector, indicó que se oponen al supuesto proyecto porque en la zona hay más de 45 conjuntos habitacionales, unas 20 unidades educativas y al menos 50 fábricas.

Según la mujer, el  jefe de la obra le informó que se están construyendo 400 calabozos. “A los moradores nunca se nos notificó, mucho menos hubo una socialización del plan”, criticó la mujer.

“Queremos paz, no un CDP”, fue una de las consignas que gritaba José Chica, habitante del condominio Mirador Pichincha, ubicado frente al colegio Julio Verne. “En el sector hay gran inseguridad. He sido asaltado 3 veces. En lugar de un CDP deben poner un retén policial”, comentó el ciudadano.

Similar criterio tuvo María Inés Simbaña, moradora de la zona desde hace 35 años. La ciudadana recordó que a pocos metros del lugar hay casas de tolerancia, las que -aseguró- atraen a los delincuentes. “Con un CDP, las cosas van a ser peor”, dijo.

José Dávila, otro manifestante, afirmó que la protesta no persigue ninguna finalidad política.

Un agente de la UVN que pidió mantener su nombre en reserva, confirmó que se estaban realizando construcciones, pero que los trabajos se detuvieron semanas atrás. En tanto, 2 guardias se negaron a comentar y dijeron que cualquier información solo la entregará el Ministerio del Interior.

En el actual edificio funcionan también una oficina de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y otra de la Cooperativa de la Policía.