El alcalde Augusto Barrera informó que la Contraloría General del Estado emitió un informe confirmando   irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de ex funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito (EMDUQ), entre el 9 de enero de 2006 y el 31 de octubre de 2009.

Después de que la Alcaldía ordenara una auditoría interna acerca de los ingresos y egresos de EMDUQ, el 30 de octubre de 2010, se dieron a conocer resultados previos en los que consta que más de un millón y medio de dólares  fueron administrados sin la debida justificación. 

El 6 septiembre de 2011, Contraloría emitió un documento en el cual se determinaron responsabilidades civiles, administrativas y penales por el mal uso de recursos por parte de ex funcionarios de la municipalidad.          

Los principales involucrados serían Edmundo Aguirre (gerente General), Diego Aldas (director Administrativo), Cristóbal Miño (director Financiero), Gustavo Noboa (director de Operaciones Multilaterales), Norma Molina (contadora), Gabriela Escudero (tesorera), y Luis Cevallos Cazar (asesor legal).

Entre las irregularidades se establece que las ex autoridades habrían dejado de cobrar arriendos en locales comerciales de propiedad del Municipio, a cambio de lo cual recibieron algunos beneficios como comidas, bebidas, festejos y regalos. Otros ex funcionarios se beneficiaron del servicio de telefonía celular, valores que no fueron descontados de sus roles de pago.

También hubo malversación con la entrega de bonos navideños a 61 ex contratistas; y otros 28 habrían recibido pagos de subsidios sin ser funcionarios, además se costearon masajes a funcionarios y hubo montos injustificados de menús especiales, licores etc. Esos gastos incumplieron la normativa respecto a la austeridad del gasto público, reseña el documento de Contraloría.  

Barrera señaló además  que las irregularidades se dieron basadas en la existencia de  “municipios paralelos”, que eran  entidades de derecho privado que administraban fondos públicos.

Uno de los casos mencionados fue el de la empresa EMDUQ-INNOVAR, que manejaba áreas como recaudación del Trolebús, centros comerciales en quiebra, arriendo de locales, temas inmobiliarios, de educación, estacionamientos y, sobre todo, la construcción de la Terminal de Quitumbe. Esas competencias de la EMDU-Q pasaron a otras dependencias municipales, como el caso de las terminales terrestres a la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

“Alrededor de 1.800 contratos que ha emitido esa entidad no fueron liquidados. Ahora se están solucionando esos temas”, señaló Barrera.

En el documento de Contraloría se menciona que varios restaurantes como PIZZA SA, el Quiteño Libre, Mea Culpa y  El Cucurucho habrían incumplido obligaciones contractulaes, al no cancelar los rubros correspondientes a arrendamiento.

Los ex funcionarios mencionados tendrían diferentes grados de responsabilidad, pues autorizaron gastos prohibidos por la ley, no objetaron las irregularidades y efectuaron los pagos a proveedores en los años 2007, 2008 y 2009, informó la Contraloría.