El 12 de junio, cientos de habitantes del sur de Quito exigían frente al Municipio ser recibidos para exponer sus quejas respecto a la falta de acción de la Alcaldía.

Mientras los vecinos forcejeaban con la Policía Metropolitana, Fanny Reyes, César Montúfar y Santiago Becdach, del movimiento  Concertación, esperaban para ingresar al palacio municipal.

El objetivo era entregar una carta al alcalde Mauricio Rodas en la que le pedían que convoque de forma inmediata a la Asamblea de Quito.

Reyes argumentó que la conmoción que habían generado los proyectos de ley de herencias y de plusvalía ameritaba el llamado.

En días previos, agrupaciones opositoras al Gobierno Nacional habían protagonizado manifestaciones en contra de las 2 propuestas del Ejecutivo.

Aunque el alcalde participó en las protestas del 25 de junio en la av. De Los Shyris, hasta ayer no se había pronunciado sobre la petición.

Ante ello, Concertación y otras agrupaciones se reunieron el 30 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) para definir la fecha en la que se autoconvocarían en lo que ellos denominan como asamblea de la ciudad.

Aquel día decidieron que la reunión se realizaría el 10 de agosto próximo y que en la cita se redactaría un documento de apoyo a la facción del movimiento indígena que esta semana inició una marcha con la que pretende llegar hasta la capital de la República.

En tanto que ayer, organizaciones sociales de Quito invitaron para hoy a una Asamblea Popular Ciudadana para abordar diversos temas.

Los organizadores de la reunión planificada para el lunes próximo insisten en llamarla Asamblea de Quito, a pesar de que no se ajusta a la normativa vigente en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

La conformación, atribuciones, deberes y forma de operación de la asamblea están determinados en el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social, sancionado por el exalcalde Paco Moncayo en junio de 2006.

Allí se establece que “el Alcalde Metropolitano convocará y presidirá la sesiones de la asamblea (...)”.

Del mismo modo, el artículo 70 del proyecto de Estatuto Autonómico elaborado durante la Alcaldía de Augusto Barrera y el cual no llegó a aprobarse, se establece que “la Alcaldesa Metropolitana o el Alcalde Metropolitano convocará a la Asamblea de Quito (...)”.

Milton Castillo, integrante del Movimiento Pachakutik y excandidato a la Alcaldía, reconoció en declaraciones a diario La Hora que el alcalde tiene la facultad de convocar a la Asamblea de Quito.

Además, el Sistema de Gestión Participativa vigente establece cuál debe ser la conformación del organismo (ver gráfico). En la actualidad, tanto los cabildos sectoriales como los consejos (temáticos, sociales, sectoriales), así como la participación de instancias como cámaras y juntas parroquiales no se encuentran activos.

Y para que la asamblea se pueda instalar, se debe contar con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Además, en el caso de las sesiones extraordinarias (el caso actual) se requiere que la convocatoria sea “para tratar asuntos de interés de la ciudad”. (I)

El bloque de AP planteó que se reforme el sistema

El bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) presentó en febrero una propuesta de ordenanza para establecer un nuevo Sistema Metropolitano de Gestión Participativa.

Carlos Páez, coordinador de la bancada, señaló entonces que con la iniciativa buscan definir mecanismos que hagan accesible y aplicable la participación ciudadana en los procesos de planificación, formulación, ejecución y evaluación de la política pública, como un medio para profundizar el carácter democrático de la gestión municipal.

El concejal enfatizó que la idea fue “construida conjuntamente con dirigentes de varias organizaciones sociales y con el aporte de compañeros intelectuales comprometidos con la democracia participativa”.

A su criterio, la iniciativa busca en primer lugar sintonizar el marco regulatorio vigente desde el año 2006 con los innovadores avances en esta materia planteados en este proceso constituyente, con la nueva Constitución (2008) y las leyes que de ella se derivaron en los dos años siguientes, principalmente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip)”.

Hasta el momento el tema no ha llegado al seno del Concejo Metropolitano de la capital para su debate y posterior aprobación. (I)