Quito.-

Del 20 al 24 de marzo del año pasado, la Alcaldía socializó entre representantes de 12 parroquias urbanas y rurales del norte de Quito la, para entonces, recién aprobada Ordenanza 102 sobre participación Ciudadana.

Un proceso similar se efectuó alrededor de la misma época en varias zonas del sur capitalino y dos meses más tarde le tocó el turno a los sectores urbanos del nororiente.

Durante las socializaciones, funcionarios municipales daban a conocer las herramientas organizativas y de participación que la norma aprobada por el legislativo local ponen a disposición de la ciudadanía. Se explicó, por ejemplo, la posibilidad de realizar asambleas barriales, parroquiales y la Asamblea de Quito.

La normativa capitalina establece que esta última instancia, considerada la máxima expresión participativa de los habitantes, debe ser convocada por la Alcaldía, al menos, dos veces al año. Sin embargo, la Asamblea de Quito no se ha reunido hasta el momento bajo ninguna circunstancia.

Al concejal independiente Sergio Garnica le preocupa que el organismo tiene asignadas ciertas funciones, además de  las deliberativas. Cita el hecho de que esa instancia debió conocer  y aprobar hasta el 31 de octubre pasado el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Algo que sí ocurrió, por ejemplo, en el cantón La Concordia de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Allí, la Asamblea Cantonal reunida el 25 de octubre aprobó por unanimidad la propuesta presupuestaria de $ 31 millones.

Los participantes analizaron la proforma concordense dividiendo las prioridades de inversión municipal en cinco ejes: Movilidad y Obras Públicas; Social, Cultural y Educativo; Ambiental y Turismo; Asentamientos Humanos; Gobernabilidad, Políticas Públicas y Participación Ciudadana.

Este paso es reconocido por el Códido Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En su artículo 241, la norma establece que “(...) el anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación(...).

Pero más allá del cumplimiento o no de estos preceptos presupuestarios, a Garnica le preocupa, también, la falta de aplicación de los elementos de participación ciudadana contenidos en la Ordenanza 102 aprobada hace  ya casi dos años. Tampoco está de acuerdo si se pretende armar la Asamblea, a última hora, solo para cumplir con tal o cual requisito.

El Ejecutivo quiteño convocó a través de la prensa a una reunión para el miércoles pasado a los interesados en integrar la instancia a una reunión para designar representantes de colegios profesionales.

Con esto coincide la edil (independiente) Daniela Chacón, para quien el objetivo de la Ordenanza fue garantizar mecanismos efectivos de participación a la ciudadanía en las decisiones sobre la ciudad.

La presidenta de la Comisión del Concejo encargada de la materia, considera que la Alcaldía no ha hecho el trabajo de base suficiente para garantizar la representatividad popular de la Asamblea.

Chacón apunta que tras revisar la información de las administraciones zonales sobre la conformación del organismo, en el sur no hay representantes del sector de Solanda.

Además, al cabo de casi 2 años de aprobada la Ordenanza, solo existen 12 asambleas barriales organizadas en la zona de Calderón, una de las más grandes y habitadas de la capital.

Algo similar ocurre con la representación de la Academia, pues solo dos de las universidades presentes en Quito han mostrado interés en intervenir.

Chacón considera que los $ 300.000 que la Alcaldía -les habría dicho- se utilizaron en materia de participación ciudadana, resultan fondos muy limitados dada la importancia del tema. (I)