Cerca de 800 trabajadoras sexuales se reunieron frente al Municipio de Quito, en la Plaza Grande, para exigir que su labor se regularice.

Elizabeth Molina, presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, indicó que en el país existen cerca de 180.000 mujeres que se dedican a este oficio “No somos un grupo pequeño y exigimos que nuestro trabajo se reconozca frente a la ley y no sea criminalizado”.

Según la dirigente, en varios barrios de la capital se han cerrado centros de tolerancia, lo que produce que las mujeres salgan a las calles y eso genere un tipo de “incomodidad en los moradores”.

Aunque no quiso dar nombres, ella y Benito Barros, coordinador de  la Asociación Flor de Azalea, indicaron que algunos concejales han ofrecido una reubicación para evitar la “inconformidad” de los vecinos de los sitios en los que trabajan.

Los dirigentes explicaron que no están en contra de la reubicación, pero piden al Cabildo de Quito que los sitios designados tengan los servicios básicos y sean accesibles tanto para las trabajadoras como para los clientes.

En Quito, según cálculos de la Asociación Pro Defensa de la Mujer (Asoprodemu), hay 3.000 trabajadoras sexuales en calles y centros de tolerancia. (I)