Las negociaciones entre el consorcio Acciona-Odebrecht y el Municipio de Quito para reducir el presupuesto de construcción de la Fase II del Metro llevan más de 2 meses sin que exista una previsión sobre cuándo podrían concluir.

El proceso sigue, pese a que sectores cercanos al alcalde Mauricio Rodas sugirieron la suspensión por los problemas legales que afronta el principal ejecutivo de la parte brasileña del conglomerado.

Hace 3 semanas, Marcelo Odebretch fue detenido en su país acusado de estar implicado en la trama de corrupción descubierta entre la firma y la estatal Petrobras.

Antonio Ricaurte, quien ha liderado una campaña contra la construcción del sistema de movilidad desde antes de ser elegido concejal, ha capitaneado el pedido de detención de los diálogos.

A él se suma el edil Eduardo del Pozo, único representante del movimiento CREO en el legislativo local, que envió una carta abierta al Alcalde en la que le sugiere suspender los diálogos hasta que se aclare la situación legal de Odebrecht.

A su juicio: “El tema requiere un análisis jurídico profundo y detenimiento en la toma de decisiones respecto a las negociaciones, porque en caso de que la justicia brasileña establezca que Marcelo Odebrecht es culpable de las denuncias de corrupción, lo más probable es que se determine el embargo de todos los bienes, acciones, recursos de la empresa a nivel nacional e internacional (...). Y de esa manera se pondría en riesgo los recursos que los quiteños estamos destinando a esta obra”.   

Del Pozo se encontraba a la espera, la semana anterior, de que el Alcalde respondiera a su propuesta y que la contestacion sea positiva.

Édgar Jácome, exgerente de la Empresa Metro de Quito, comentó que el tema de la investigación del alto funcionario de Odebrecht no tiene nada que ver con las negociaciones actuales que ejecuta el Cabildo. “Son procesos distintos: uno es político-jurídico y otro es netamente de negociación”.

Jácome señaló que se debe tomar en cuenta que, en el presente caso, la contructora Odebrecht forma parte de un consorcio con la española Acciona y comparte las responsabilidades en el proyecto.

El exfuncionario añadió que Acciona es dueña de la otra mitad del consorcio; entonces, esto implica que las negociaciones no pueden ser afectadas. “Únicamente lo serían en el caso de que se determine que la actual situación del presidente de la compañía contradiga las cláusulas de fraude, corrupción y elegibilidad que se determinan en los contratos de las multilaterales y de licitación. Si el hecho ocurrido es una causal que afecte a las cláusulas, evidentemente la compañía quedaría deshabilitada en las negociaciones (...). Los abogados de la Empresa Metro de Quito deberán analizar si se contradicen o no las cláusulas”.

Mientras tanto, el contralor general Carlos Pólit solicitó iniciar el proceso de análisis de los contratos con Acciona-Odebrecht.

Yolanda Torres, directora de comunicación del órgano de control, dijo que “los contratos de Odebrecht han sido ya analizados en varias ocasiones; por ejemplo, el de la Central San Francisco y otras hidroeléctricas.

Las investigaciones son permanentes. En este nuevo proceso de análisis pedido por el Contralor está por salir la orden para que se realice el examen. La próxima (esta) semana tendríamos una respuesta”. Además, Torres indicó que estas investigaciones no tendrían por qué detener las negociaciones con el Municipio.

Por otro lado, el Gobierno firmó esta semana un acuerdo con la Corporación Financiera Nacional de confirmación del préstamo de $ 250 millones que servirán para financiar parcialmente la construcción de la primera línea del Metro.

La Fase II tiene retraso de un año. La anterior administración municipal preveía que hasta mayo de 2014 se defina al constructor de esa parte del sistema de transportación (túnel de 22 km, 13 paradas intermedias, garajes). También preveía que esas obras comenzaran en junio del año pasado.

Por otro la lado, la fase lleva 150 días de retraso respecto al anuncio del Alcalde, el 2 de febrero anterior, de que los 4 organismos multilaterales que comprometieron créditos para financiar la obra habían dado su aval para negociar con el consorcio hispano-brasileño.

Aquello es porque tras la apertura de las 4 ofertas para la Fase II se encontró una diferencia de entre $ 490 millones y $ 852 millones por sobre los $ 1.200 millones que la anterior administración calculaba para su ejecución.    

Odebrecht está en el país desde 1978. Con el Gobierno actual ejecuta alrededor de 9 proyectos, mientras que en Quito participó en la construcción de otras obras, como la Fase II de la Ruta Viva.

El sábado, el alcalde Mauricio Rodas dijo que se están realizando análisis jurídicos, antes de tomar una decisión sobre Odebrecht. (I)