Hoy, a partir de las 08:00, se reanuda la audiencia de juzgamiento en contra de Édgar Coral y otros exdirigentes de la Cooperativa de Vivienda Pisulí, bajo la acusación del delito de abuso de confianza.

La diligencia se desarrollará en el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha. Los demandantes son un grupo de pobladores de dicho sector del noroccidente de la capital, donde habitan unas 1.850 familias.
Evangelina Ullauri, esposa de Juvenal Andrade, quien integra la Comisión Liquidadora y es uno de los líderes del proceso contra Coral, detalló que hace 8 años, 40 familias exigieron al exgerente las escrituras de sus terrenos y que diera cuentas del dinero que cobraba a cambio de supuestas obras de infraestructura.

La mujer, quien posee un terreno de 300 metros, aseguró que desde 1995 pagaba mensualidades (en sucres) a cambio de que se les entregaran las escrituras, pero que aquello nunca sucedió. “Yo recibí los papeles gracias a Luis Valenzuela, un interventor”, afirmó.

Similar situación manifestaron algunas de sus vecinas. Cruz María Benavides, habitante del sector desde hace 25 años, vive con su hijo y su nuera en un terreno de 200 metros. La mujer mostró los recibos de las mensualidades que tenían que cancelar. En ellos se detallan pagos desde 1985. “A nosotros nos obligaban a pagar por obras que nunca vimos, por eso dejé de darle dinero”, comentó la mujer.
En la Cooperativa Pisulí habitan 1.850 familias. El sector todavía carece de obras de asfaltado.
María Espinosa, otra moradora, aseguró que algunas personas quisieron dejar de pagar, pero fueron amenazadas por supuestos empleados de Coral, a los que calificó como “Los Garroteros”.

En tanto, Segundo Campoverde, quien actúa como procurador de la comisión de liquidación de la cooperativa, dijo que de acuerdo con informes de peritos encargados por el organismo, los acusados deben responder por el destino de más de 400 mil dólares.

Coral dijo a EL TELÉGRAFO que su defensa demostrará hoy que él trabajó apegado a la ley y en beneficio de los habitantes de la zona. Y que el interventor Valenzuela “deshizo todas las obras que había realizado a lo largo del tiempo”.

Coral recordó también que tiene planteada una demanda civil por daño moral contra el Presidente Rafael Correa, a quien acusa de calificarlo como “traficante de tierras” durante el enlace sabatino 261, el 29 de enero de 2011.