“Dile que no tenga vergüenza. Que me salude. Y, que la quiero”, grita desde uno de los patios del expenal García Moreno un hombre arrimado a un muro, vestido con una camiseta azul eléctrico y un pantalón de calentador azul marino.

El recado va dirigido a su hija a través de su esposa (Gloria), quienes lo observan desde la continuación de la calle fray Pedro Pecador, que bordea por el occidente al espacio de reclusión capitalino. De este salieron la madrugada del miércoles, los últimos 1.618 privados de libertad con sentencia, hacia el nuevo Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la Sierra Centro Norte, en Cotopaxi.

La mujer, pequeña, morena y con el pelo recogido en una cola, hace parte del grupo de unas 20 personas que espera parado en un descanso del camino de tierra que conduce a la parte posterior del Museo del Agua (Yaku), ubicado en la parte superior del barrio El Placer.

Todos observan ansiosos en dirección a los patios del Centro de Detención Provisional (CDP), tratando de detectar la presencia de alguno de los cerca de 1.300 internos que permanecen allí, y donde varios juegan un partido de ecuavóley, otros hacen barra y los más simplemente deambulan por el contorno de la cancha de cemento.

La mayoría se enteró por los medios del traslado de los reclusos a la moderna cárcel construida en los terrenos de la Brigada Patria, en el límite entre Latacunga y Saquisilí, y acudieron en busca de novedades.

Ahora que saben que sus seres queridos seguirán en el sitio por algún tiempo más, hasta que las autoridades determinen el traslado al nuevo CDP, se muestran tranquilos.

“Dicen que cuando lleven a las presas de la cárcel de El Inca también a Latacunga, los van a poner ahí”, comenta un anciano ataviado con indumentaria indígena a otro de los que espera.

Mientras, aferrada a las piernas de Gloria, ‘Melissa’ (5 años) esconde su carita y se empecina en no responder a los saludos que su padre le hace desde abajo con frecuentes movimientos de sus brazos.

La madre dice que no se enteró de la mudanza de los sentenciados hasta las 09:00, cuando se lo comentó una vecina y que entonces tomó a la niña y se dirigió hacia el expanóptico, temiendo que su pareja también hubiese sido llevada a la provincia de Cotopaxi.

“Imagínese, cómo haría yo para viajar allá y visitarlo, si tengo que trabajar para vivir. Además, cuánto me costaría ir a Latacunga”, comenta la mujer, quien mantiene con firmeza la inocencia de su marido y asegura que este fue inculpado injustamente cuando en un operativo le habrían atribuido la tenencia de un cuchillo que no le pertenecía.

En un extremo del grupo, una mujer peinada con permanente habla por celular con uno de los reclusos y le asegura que lo visitará en cuanto se lo permitan.

Inconformidad con las condiciones del traslado

En la parte frontal de la edificación, mientras tanto, una fila de personas aguarda su turno sobre la acera de la calle Rocafuerte, para ingresar por la puerta principal.

Buscan ser atendidos por alguno de los funcionarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que se hallan protegidos de los factores climáticos bajo una carpa blanca colocada a unos 6 o 7 metros del portón de acceso.

Quienes aguardan, en su mayoría mujeres, esperan obtener alguna información sobre el estado de sus esposos, padres, hermanos, sobrinos, hijos o conocidos.

También les preocupa conocer cuándo les entregarán las pocas pertenencias de sus allegados, pues conocen que estos fueron trasladados únicamente con lo que llevaban puesto y alguna prenda de vestir más que atinaron a tomar.

El ambiente, alrededor del mediodía, es menos tenso que durante la madrugada del miércoles, cuando elementos del orden incluso tuvieron que detener a 3 mujeres que se oponían a toda costa al traslado de los internos a Cotopaxi.

Casi invariablemente, quienes salen al cabo del diálogo con los representantes ministeriales, lo hacen con el ceño fruncido.

La noticia generalizada y que se propaga de boca en boca entre quienes aún esperan es que solo tendrán acceso a los objetos de sus seres queridos al cabo de 2 o 3 semanas.

Esto luego de que las autoridades realicen un inventario de lo dejado por los reclusos en el inmueble.

“Quién nos garantiza que nuestras cosas no vayan a desaparecer. A quién le vamos a reclamar por lo que nos falte”, protesta una mujer con acento colombiano, quien exhibe un papel oficial en el que se detallan los objetos que tenía su esposo, administrador de una tienda al interior del lugar.

El documento establece la posesión por parte de Néstor L. de una refrigeradora, una cocina, un tanque de gas y un congelador. “Y de la comida que también había, quién se hace cargo”, enfatiza.

Doris, como se identifica la mujer, tampoco está contenta con que sus familiares (en total 7) hayan sido llevados al nuevo CRS cuando la mayoría tenía en trámite —según afirma— los papeles de prelibertad tras la sentencia por un caso de ‘chulco’ (usura).

“A mi hijo Daniel —comenta— lo detuvieron como cómplice cuando fue a averiguar de su papá y sus tíos”. “Ahora tendré que viajar a Latacunga para verlos y hacer los trámites. Figúrese si me toca un día diferente de visita para cada uno”, dice con enojo en su voz.

A su lado, una mujer que afirma haber llegado del cantón Cayambe a visitar a su hermano, reclama por su movilización.

“No es justo que los traten así. Los llevaron con engaños. Les dijeron que arreglaran sus cosas para una inspección y, de buenas a primeras, los embarcaron. Eso no está bien. Es cierto que cometieron errores, pero los están pagando y no deben tratarlos como si no valieran nada, como animales”, asegura con visible enfado.

Miriam, quien ha estado atenta a la conversación, acota que no le parece bien que los hayan llevado cuando el centro de reclusión en Cotopaxi aún no tiene las condiciones necesarias para albergar a las personas privadas de la libertad, según ha oído de quienes ya tienen a familiares ahí.

“Si bien es cierto que aquí no estaban bien atendidos, pero peor es allá”, exclama la ciudadana, quien reclama por su pareja.

“Ahora por lo menos tienen agua todo el día; pero al principio... Aunque dicen que es un agua medio rara, con la que ni el jabón ni el shampoo hacen espuma”, apunta Doris, quien añade que espera que allá si la comida no es excelente, al menos sea abundante como era en el hoy casi abandonado expenal. “Les dan cualquier cosa”, concluye.

COMERCIANTES AGUARDAN POR SU TRASLADO

El ambiente alrededor del expenal García Moreno de Quito (centro occidente) era diferente a lo normal la mañana de este miércoles.

Así, la presencia de elementos y vehículos policiales era notoriamente menor a la acostumbrada. En el portón de entrada, por ejemplo, apenas un uniformado se encargaba del resguardo y de permitir el acceso de quienes solicitaban información sobre el traslado de los internos sentenciados a Cotopaxi.

En la vereda de enfrente de la calle Rocafuerte, el movimiento también era distinto. Pocas personas se acercaban a comprar una botella de agua, una funda de chifles, alguna golosina o, simplemente, a encargar algo (mochila, cartera, carpeta, celular, etc.), para poder ingresar en el recinto.

Lourdes Olalla, una de las comerciantes que labora en ese sitio, aguardaba por el arribo de clientes arrimada al mostrador de su kiosko.

A la pregunta de ¿qué pensaba hacer tras la salida del centro de reclusión?, respondió que “esperar hasta ver qué pasa”.

Según Olalla, la Asociación de Comerciantes Rocafuerte dialogó con la administración municipal saliente en busca de una solución a su problema.

Y que ahora esperan la posesión de Mauricio Rodas el 14 de mayo, para insistir en su pedido. Proponen que los lleven al nuevo CDP, que —dicen haber oído— estará en El Inca.