La imagen de policías alrededor del ex-Penal García Moreno; de patrulleros estacionados en la calle Rocafuerte y Pedro Pecador; de periodistas que cubrían ocasionales amotinamientos o fugas, o de familiares y amigos de los internos que hacían largas filas no existe más.

La zona luce vacía y a las tiendas que han sobrevivido al traslado del mayor centro de reclusión de Quito a la provincia de Cotopaxi nadie o casi nadie se acerca. Tampoco se escuchan las voces de las vendedoras de comida que se ubicaban en las veredas.

Eran negocios surgidos a la sombra del centro de rehabilitación social que habían desarrollado distintos giros: el vendedor de secos de carne o pollo recibía, también, encargos de los visitantes de cuidar mochilas, carteras o bolsos; los dueños de la tienda, además de su negocio, recibían encargos y sacaban las fotocopias que servían para realizar algún trámite.

Con anillos de seguridad, resguardo de patrulleros y acompañamiento aeropolicial, se realizó a lo largo de 2014 el traslado progresivo de los privados de libertad desde el ex-Penal García Moreno hasta el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional de Cotopaxi.

El antiguo complejo penitenciario quiteño estuvo integrado por los Centros de Rehabilitación Social 1, 2, 3 y el Centro de Detención Provisional (CDP). La construcción del expenal inició en 1879 y tardó más de 3 años. En un área de 14.367 m² se edificaron 9 pabellones que, inicialmente, albergaron a 200 reos.

Las autoridades de justicia señalaron al final de su operación que el centro carcelario tuvo un nivel de hacinamiento de hasta el 400%. Precisamente el deterioro de las instalaciones y la falta de espacio para los presos fueron algunas de las causas para la reubicación de los privados de libertad. El nuevo CRS de Cotopaxi tiene, en cambio, una capacidad para 4.800 internos.

Por las celdas del expenal pasaron expresidentes de la República, exministros de Estado, exdiputados, altos funcionarios, personalidades conocidas, millonarios, asesinos en serie, estafadores, ladrones, narcotraficantes, etc.

La presencia del centro de rehabilitación social convirtió a San Roque, en el imaginario de muchos quiteños, en el ‘barrio de la cárcel’, un sitio asociado a la inseguridad y la delincuencia.

Para los propios sanrroqueños, sin embargo, la realidad era otra: para ellos, la constante presencia policial al interior y en torno al lugar convertía a la zona probablemente en el sitio más tranquilo de la capital.

Hoy sienten que eso ha cambiado. Patricia Enríquez, de 50 años, moradora de San Roque desde su nacimiento, está entre quienes aseguran que el barrio se volvió inseguro porque ya no hay presencia policial. Afirma que a su hija la han asaltado en 3 ocasiones desde que el expenal se fue y que es común el robo de productos de su tienda.

Con ella concuerda ‘Charito’ (prefiere no ser identificada con su nombre real), de 75 años. Toda su vida la ha pasado en este barrio y recuerda que antes podían transitar libremente a cualquier hora, incluso hasta el sector de La Cantera, donde desde hace 13 años funciona una de las zonas de tolerancia de la capital.

“Llegábamos al penal y estábamos tranquilos. Ahora es diferente, es terrible, miedosísimo”, comenta la anciana tras la reja que ahora protege la entrada de su pequeña tienda.

El 13 de enero pasado, moradores del barrio marcharon desde la intersección del bulevar 24 de Mayo y la calle Cumandá hasta el Municipio, para solicitar al alcalde Mauricio Rodas mejoras en la zona.

Entre los pedidos constan la reubicación de las trabajadoras sexuales de La Cantera, el mejoramiento de la recolección de basura y colocar contenedores, atención al estado de las vías, que se limpien los sumideros de la zona y que se mejore el transporte público.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en la administración zonal Manuela Sáenz, a la que pertenece San Roque, hubo 1.629 denuncias de delitos en 2015. Una de las principales quejas de los moradores es que el barrio se ha convertido en sitio en el que se vende, se compra y se consumen estupefacientes.

Según el informe ‘Microtráfico y criminalidad en Quito’, presentado por la Alcaldía en 2013, cuando la droga llega a la capital, principalmente desde Colombia y Perú, se la traslada a 2 puntos de distribución: La Colmena y San Roque, para desde allí abastecer a El Tejar, Santo Domingo, San Blas, el Ejido, la Vicentina, la Alameda, la Marín, la 24 de Mayo, San Diego, la Loma, la Plaza Grande, la Plaza del Teatro, la Libertad y Santa Clara, principalmente.

“En la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz gravitan y confluyen dinámicas y problemas de corte social, económico, político y cultural; sin embargo, los problemas más evidentes y acuciantes se presentan en el Centro Histórico, específicamente en los sectores de La Colmena, San Roque, Plaza 24 de Mayo, Plaza de Santa Clara, Santo Domingo, Plaza Grande, Plaza del Teatro, la Marín y la Tola (…) En lo referente al expendio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el Centro Histórico podríamos manifestar en base a las entrevistas, que la venta de drogas es una actividad de larga data, con no menos de 50 años, según el relato de varios directivos de la Colmena, San Roque y 24 de Mayo...”, señala el documento.

Otra de las inquietudes de los moradores respecto a la inseguridad es el cambio de la composición poblacional ocurrido en las últimas décadas. Desde el año 2000, la migración interna hacia las casas antiguas ha sido constante. “No es una presencia fija, lo que hace que se diluya la vecindad y seamos más desconfiados”, dice Édgar Alemán, de 60 años, quien administra una tienda en el sector desde hace 35 años.

La unidad entre los vecinos se ha resquebrajado aún más desde que el expenal se cerró sostiene Alemán para quien la molestia la constituyen “los drogadictos, gente desocupada que solo se dedica a consumir y robar”.

Muchos moradores se fueron cuando el expenal se vació. Hace unos meses, falleció cerca de La Cantera doña Victoria, una vecina octogenaria. Debido a ello se reencontraron varios exmoradores que ahora viven en los valles o en el sur de la ciudad. Según Alemán, los ‘retornados’ vieron con sorpresa que una casa que solía ser usada para el microtráfico sigue funcionando pese a los allanamientos efectuados por la Policía.

Para los moradores que permanecen en el sector, el ‘narcomenudeo’ es un problema mayor.

El trabajo sexual, en cambio, es algo con lo que han aprendido a convivir. ‘Charito’ dice, por ejemplo, que “las chicas de La Cantera son tranquilas”, que el problema son los ladrones. “Lo que nos estorbaba, ahora nos hace falta”, dice con ironía Alemán al recordar que alguna vez las reuniones entre vecinos fueron para pedir que el expenal dejara de funcionar en la zona.

La incomodidad de antes consistía en que la Policía solía bloquear las calles cuando había situaciones de riesgo en el reclusorio, lo cual interrumpía el trabajo cotidiano de los comerciantes; ahora, en cambio, los uniformados hacen patrullajes cada hora vigilando las calles que apenas están pobladas por transeúntes, entre quienes destacan ebrios y drogadictos.

Cuestión de percepciones

La inseguridad en San Roque cambia en boca de quienes la describen. Para la Policía, la queja de los comerciantes tiene que ver con la falta de clientes, aunque estos no hablen de negocios sino de los escándalos públicos. Para los moradores, la rehabilitación del lugar es un hecho incierto, pese a que una cantina, ubicada frente a Yaku, Museo del Agua, cerró de forma definitiva.

Según el investigador social Lautaro Ojeda —autor del libro Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador—, el concepto de percepción explicaría “por qué la población puede sentirse insegura, y considerar que vive en un entorno altamente violento, a pesar de que la victimización no tenga relación con las proporciones de ese medio”.

La falta de cohesión social y el miedo que esto supone sería el factor determinante en la percepción de los moradores que se quedaron en San Roque, pese a que la violencia del sector no se puede negar, dadas las experiencias de sus habitantes. (I)